¿Puede el Gobierno expropiar la casa de Maricarmen? Esto dice la ley y en qué casos puede hacerlo

El desahucio de Maricarmen ha vuelto a poner de manifiesto el grave problema que existe en materia de vivienda en este país. El caso, tan sonado como polémico en los últimos días, ha provocado las reacciones de la esfera política.

Tanto es así que este jueves, Sumar ha propuesto al Gobierno presentar en el Consejo de Ministros de la semana que viene una propuesta para expropiar la vivienda de la vecina de 87 años, actualmente propiedad de la empresa Urbagestión.

Se trata de una decisión que permitiría a Maricarmen regresar a la que fue su casa durante más de 70 años, aunque las vías legales para hacerlo son minuciosamente estrictas. No obstante, en España existen algunos antecedentes, por lo que la aplicación de la medida podría ser una realidad.

¿Puede el Gobierno expropiar la vivienda?

Aunque puede parecer una medida radical, existen vías legales que permitirían que el Ejecutivo intervenga en la situación. Y es que el Gobierno cuenta con base jurídica para poder expropiar la vivienda gracias al artículo 33.3 de la Constitución, que lo permite siempre y cuando haya "causa justificada de utilidad pública o interés social". A cambio, la empresa recibiría una indemnización, tal y como figura en el apartado.

A esta normativa se une la ley franquista sobre expropiación forzosa de 1954, donde se detallan los pasos obligatorios que debe seguir la administración para tomar el control de un bien privado.

No obstante, el problema reside en que, efectivamente, el Gobierno demuestre el "interés general" de la expropiación. Y es que a ojos de un tribunal, la decisión podría ser considerada como "desproporcionada" al no encontrarse un fundamento objetivo.

Además, según explican diversos expertos, una expropiación solo podría aplicarse cuando se han agotado el resto de vías legales y legislativas.

El antecedente que avala al Gobierno

Antes de este caso, el Ejecutivo ha logrado intervenir en otra situación. Fue en 2021 a través de una expropiación temporal del uso de varias viviendas en Baleares.

En concreto, eran 56 pisos de grandes tenedores que estaban vacíos y que Baleares pretendía dedicarlos al alquiler social. En ese caso, el Gobierno balear se amparó en una de sus leyes de vivienda. "Que la vivienda de grandes tenedores, de fondos buitre, pueda pasar a gente que lo necesita", explicaba en aquel momento la presidenta.

La expropiación constaba en que el gobierno balear elegía el uso que se le daba a las viviendas, y se extendió durante siete años. Mientras tanto, los fondos seguían recibiendo dinero por el uso de los inmuebles.

Esta ley, que sigue en vigor en Baleares, también se puede encontrar en otras comunidades como Cataluña, País Vasco y Navarra. Sin embargo, fuera de estas regiones, el Gobierno tiene la posibilidad de expropiar siempre y cuando se acredite el ya mencionado "interés social".

En qué casos puede intervenir el Ejecutivo

Para que el Estado pueda expropiar el piso de Maricarmen u otra vivienda, deben cumplirse los siguientes requisitos:

• Acreditación del interés social: se debe demostrar que la medida soluciona un problema urgente de exclusión residencial o emergencia social ineludible.
• Justiprecio: la administración está obligada a pagar una indemnización justa al titular del inmueble, en este caso, a la empresa Urbagestión, calculada según el valor de mercado.
• Garantía jurídica: se debe asegurar que la valoración del precio final es justo y que la medida es proporcional.