La proposición de ley para perseguir penalmente el proxenetismo y multar a quienes acuden a la prostitución, defendida por el PSOE, ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados con apoyo del Partido Popular, aunque ha quebrado al bloque de la investidura y ha abierto también grietas en Unidas Podemos.
El debate para la toma en consideración de la iniciativa ha dividido a la Cámara entre quienes ven la prostitución como una violencia contra la mujer, opinión mayoritaria y compartida por socialistas y populares, y quienes defienden la libertad sexual de quienes la ejercen. Finalmente la votación ha terminado con 232 a favor, 38 en contra y 69 abstenciones.
La prostitución ha enfrentado tradicionalmente al movimiento feminista y el PSOE, que ha hecho bandera de su abolición, decidió lanzar este órdago después de que varios de sus socios exigieran eliminar de la conocida como ley del solo sí es sí los artículos que penalizaban el proxenetismo y el alquiler de locales para la prostitución.
La iniciativa que comienza ahora su andadura en el Congreso recupera ese objetivo y, en línea con el modelo sueco y francés, amplía su ámbito a los puteros, con multas e incluso penas de prisión si se trata de una menor.
Salvo del PP, la propuesta socialista ha recibido innumerables críticas, con varios argumentos comunes: reproches al camino elegido, mediante una proposición de ley fruto de una disputa previa con Unidas Podemos, y también al fondo del asunto, por optar por un enfoque "punitivista" que olvida las necesidades de las víctimas, en especial una reforma de la ley de extranjería que les dé papeles.