El PSOE afronta un complejo calendario judicial en septiembre: Zapatero, Leire Díez y las cuentas del partido, en el punto de mira

Concluyen las vacaciones de verano y, con ellas, la tregua para el Gobierno en materia judicial. Tras el paréntesis en el mes de agosto, septiembre arranca con varias cuestiones del PSOE bajo lupa, entre ellas las investigaciones al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la exmilitante de Ferraz Leire Díez y la presunta trama para boicotear causas judiciales.

Pero no queda ahí. También estarán en el centro de las miradas la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El nuevo curso judicial arranca así con varias asignaturas pendientes que llevan meses acumulando interés público. Algunas de estas causas están vinculadas directamente a personas del entorno político socialista y otras afectan a cuestiones que han generado un intenso debate sobre el funcionamiento del PSOE y su financiación.

Regresan las investigaciones sobre Zapatero

El primer nombre que aparece en la agenda judicial es el del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El exdirigente está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias en torno al préstamo público otorgado en 2021 a Plus Ultra. Será a partir del próximo 10 de septiembre cuando se reanude la investigación, dando el pistoletazo de salida de los tribunales.

Po otro lado, ante el juez se sentarán Julio Martínez y Roberto Roselli, dos exdirectivos de la aerolínea que anticiparon su colaboración en un escrito en el que apuntaron a la "pretensión de cobrar" de Zapatero y su amigo Julio Martínez Martínez por gestiones para conseguir el préstamo.

Por su parte, la UDEF se está encargando de rastrear cuentas a nombre del expresidente, sus hijas y su secretaria, también imputadas, a falta de conocer las explicaciones de Zapatero sobre las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en su oficina.

Leire Díez vuelve a entrar en escena

Otra de las grandes cuestiones a indagar tiene que ver con el sistema de pagos en efectivo del PSOE para reembolsar gastos adelantados entre 2017 y 2024. En concreto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarda Civil reflejó en un informe enviado al Tribunal Supremo, en el marco del 'caso Koldo', que el PSOE pagó con dinero efectivo en sobres al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sin que algunos de esos pagos se reflejaran en el registro de liquidaciones por gastos aportado por el PSOE. Por tanto, se trata de una pieza separada del caso Koldo, en el que el juez también ha dado luz verde a investigar las cuentas de la familia del exdirigente socialista Santos Cerdán.

Además, el juez de la Audiencia Nacional continuará investigando si desde el partido se pagó a la exmilitante Leire Díez para tratar de entorpecer causas que afectan al PSOE o al Gobierno. Para ello, el juez Pedraz pidió información de 81 cuentas, varias de la formación y del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías.

Por este caso tiene una cita con el juez la gerente del PSOE Ana María Fuentes el 9 de septiembre y un día después el exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos, dos de los muchos investigados por una causa con varias ramificaciones en la que también están imputados Cerdán y Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE.

Puigdemont y una posible amnistía

Lejos de las fronteras del Gobierno, la actualidad judicial estará marcada por el regreso de la amnistía a Puigdemont. El Tribunal Constitucional abordará el 22 de septiembre el primer recurso contra la decisión del Supremo de no aplicar la medida de gracia al delito de malversación de un condenado o huido por el procés, después de que la Justicia europea avalara la norma.

Será el recurso del exconseller Jordi Turull. La clave está en que previsiblemente esta decisión será de aplicación directa al posterior recurso del expresident Carles Puigdemont que, de estimarse sus alegaciones, permitiría su inmediato regreso a España.

Además, la corte de garantías tiene sobre la mesa la admisión a trámite del recurso del ex fiscal general Álvaro García Ortiz y debe resolver la negativa del Gobierno a presentar presupuestos en tres años y la Ley Trans, que mantiene dividido al tribunal.

La vuelta del 'caso Begoña'

A pocas semanas de poner fin a su carrera en la judicatura, el juez Juan Carlos Peinado afronta uno de los últimos hitos de una instrucción que ha tenido una enorme repercusión política y mediática. Sobre su mesa queda todavía una decisión procesal de especial trascendencia: dictar, si concurren los requisitos establecidos por la ley, la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora, en relación con los delitos investigados de presunto tráfico de influencias y malversación.

Ese paso marcaría el cierre de la fase de instrucción y abriría una nueva etapa del procedimiento, que quedaría ya en manos del órgano encargado de enjuiciar los hechos. En este caso, la causa tendría que ser remitida para su enjuiciamiento conforme al procedimiento que corresponda, con la intervención de un jurado popular si así lo determina el marco procesal. A partir de ahí, será la Audiencia Provincial la que deba concretar los siguientes pasos y, llegado el momento, fijar la fecha para la celebración de la vista oral.

Los deberes del Supremo: la ley de nietos y el 'caso Ábalos'

El Tribunal Supremo también afronta el nuevo curso judicial con varios asuntos de especial relevancia política y jurídica pendientes de resolución. Entre los primeros movimientos de su agenda figura una vista señalada para el próximo 7 de septiembre, en la que la Sala correspondiente deberá estudiar si procede suspender las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) al amparo de la denominada ley de nietos, una norma que abrió la puerta a que hijos y nietos de españoles de origen pudieran optar a la nacionalidad española. El debate llega ahora a los tribunales por las posibles consecuencias que este incremento del censo puede tener en el ámbito electoral.

La cuestión pone el foco sobre una norma que ha permitido a miles de descendientes de españoles acceder a la nacionalidad y que, por tanto, también ha provocado un aumento de las inscripciones en el CERA. La decisión que adopte el Supremo determinará si existen motivos suficientes para acordar una medida cautelar que afectaría a esas nuevas altas y a sus posibles efectos en futuros procesos electorales.

Pero no será el único expediente destacado. El alto tribunal también tiene sobre la mesa el incidente de nulidad planteado por el exministro José Luis Ábalos contra la sentencia que le condenó. Se trata de un recurso extraordinario que tiene, a priori, escasas posibilidades de prosperar, pero cuya resolución resulta especialmente relevante para el recorrido posterior del procedimiento: si el Supremo lo rechaza, Ábalos tendría abierta la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional.

Por ello, con los tribunales retomando su actividad ordinaria, el nuevo curso llega con deberes sobre la mesa y varias decisiones pendientes. Zapatero, Leire Díez y los pagos del PSOE forman parte de una agenda judicial que promete mantener el foco político y mediático vivo durante el otoño.