El presidente del CGPJ insiste ante las "inaceptables descalificaciones" de diputados a jueces: "Que nos dejen en paz"
Mientras Vicente Guilarte ha hecho estas declaraciones en un acto de la Escuela judicial, nueve vocales conservadores han firmado una petición para forzar un pleno extraordinario para condenar los calificativos.
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El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha respondido este miércoles a las "inaceptables descalificaciones" realizadas el martes en el Congreso de los Diputados hacia jueces y magistrados, haciendo un nuevo llamamiento institucional a que "dejen en paz" a los miembros del Poder Judicial.
Durante su intervención en el acto de inauguración del curso 2024-2025 de la Escuela Judicial, ha lamentado ser "cansino, pero más lo son ellos" ya ha hecho referencia a lo sucedido ayer en el Congreso: "Amén del sainete y en lo que nos afecta, volvimos a escuchar inaceptables descalificaciones de miembros de la carrera judicial".
Guilarte ha reconocido que es un llamamiento institucional baldío "a que nos dejen en paz, a que no cuestionen la imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial cuyo proceder se guía por el principio de legalidad".
El presidente de l CGPJ ha invitado a los diputados a combatir "lo que no guste" a través del "sistema de recursos y de instancias superiores", recordando que esta "es la arquitectura básica que inspira un Estado de Derecho que les permite ocupar la tribuna que utilizan desviadamente para cuestionar desde el insulto al Poder Judicial".
Nueve vocales fuerzan un pleno extraordinario
Por otro lado y mientras se han producido estas declaraciones del presidente del CGPJ, los vocales conservadores del órgano de los jueces han pedido la convocatoria de un pleno extraordinario por los ataques de los socios parlamentarios del Gobierno en el debate de la ley de amnistía, "ante la aquiescencia y mutismo" de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
"Jueces prevaricadores", "de partido", con "dotes telepáticas", "acusaciones delirantes"... Los socios parlamentarios del Gobierno cargaron este martes contra los magistrados que juzgaron o aún investigan actuaciones del "procés" con tres nombres propios: Manuel Marchena, Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre.
Una vez más, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, fue la más dura al citar a García-Castellón, que investiga el caso Tsunami, y al titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el "caso Volhov" y aseguró que su formación asume "toda la responsabilidad" ante lo que diga la justicia europea. "Allí no hay Marchenas, no somos terroristas", recalcó.
Los vocales conservadores que lo suscriben
Ante esta situación, el bloque conservador traslada esta petición al presidente del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte, para que convoque con carácter "urgente" un pleno que trate esta cuestión.
Los nueve vocales que lo han solicitado son Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez, José María Macías, Nuria Díaz, Wenceslao Olea y Ángeles Carmona.
Tan solo incluyen una cuestión a tratar en el orden del día, que es el "pronunciamiento sobre las declaraciones vertidas ayer, 30 de enero, en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados, por oradores de varios grupos parlamentarios ante la aquiescencia y mutismo de la señora presidenta de las Cortes".
Adjuntan, además, las manifestaciones recogidas en los medios y acompañan su petición con la declaración institucional aprobada por unanimidad en la Comisión Permanente del pasado día 19 de enero.
Aquel día, la Comisión Permanente mostró su "rotundo rechazo" a las críticas de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, al juez Manuel García-Castellón.
Ribera dijo en una entrevista que García-Castellón "tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles", después de que insistiera en la imputación por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont.
La Comisión Permanente sostuvo que esas palabras merman la confianza de los ciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional, por lo que "merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos".