EFE | Katia Sanz Amado
Madrid |
El Consejo General del Poder Judicial ha dado un paso al frente para atender la crítica situación que atraviesa Ceuta tras las recientes oleadas migratorias. El vocal de la institución, José Antonio Montero, se ha desplazado este jueves hasta la ciudad autónoma para mantener un encuentro con su presidente, Juan Jesús Vivas, y transmitirle un mensaje directo desde la cúpula de la magistratura.
Durante esta visita institucional, Montero ha confirmado que la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, está dispuesta a reunirse con el mandatario ceutí a la mayor brevedad posible. En estos momentos, los gabinetes de ambas administraciones trabajan para cuadrar sus agendas y fijar una fecha inminente, contemplando que la cita pueda celebrarse tanto en la sede del Consejo en Madrid como mediante un viaje de la magistrada al enclave norteafricano.
Este acercamiento se produce después de que el líder regional solicitara auxilio formalmente mediante una misiva. Como respuesta preliminar, Perelló ya se comunicó por escrito con el presidente autonómico el pasado día 18 de agosto para notificarle los recientes acuerdos adoptados por la Comisión Permanente, enfocados en aliviar la enorme presión burocrática y legal que sufre la zona.
Las medidas de choque aprobadas buscan apuntalar específicamente la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia ceutí, con el objetivo de garantizar el desarrollo habitual del servicio público de justicia. Para evaluar el impacto de este plan, el vocal desplazado a la ciudad aprovechó su viaje para reunirse también con jueces y representantes de los colegios de abogados y procuradores, analizando sobre el terreno los recursos necesarios para hacer frente a la crisis.
La búsqueda de amparo en la justicia responde a la frustración del Ejecutivo local frente a lo que consideran una falta de apoyo por parte del Gobierno central. Vivas advirtió a principios de esta semana que llamaría a las puertas de las más altas instancias judiciales ante la pasividad estatal tras las entradas masivas registradas entre el 30 y 31 de julio, denunciando que su territorio se encuentra en peligro y que ha sufrido un ataque a su integridad.
El presidente autonómico, que también tiene previsto solicitar una audiencia con Cándido Conde-Pumpido en el Tribunal Constitucional, ha alertado de que la normalidad sigue sin recuperarse. En este sentido, ha lamentado desconocer cuántas de las 80.000 personas que cruzaron irregularmente siguen en la ciudad o cuántos expedientes de devolución se han tramitado, recordando que el propio presidente nacional catalogó a Ceuta como un territorio de alto riesgo.