Diez organizaciones policiales se han unido contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como ley mordaza. El malestar tendrá su colofón en una concentración que prevén sea histórica, el próximo 27 de noviembre con el objetivo de reunir a 100.000 agentes en las calles de Madrid para dejar claro al Gobierno su oposición frontal a la ley en la que no se sienten representados porque no se les ha tenido en cuenta en la negociación.
El plan es que se sumen cuantas más organizaciones mejor, incluyendo a cuerpos autonómicos, en una "unidad de acción real para frenar la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana", ya que comparte la "oposición frontal" a las enmiendas presentadas por el PSOE y Unidas Podemos.
Las protestas se anunciaron a partir de la ronda de contactos abierta el pasado jueves por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que recibió al nuevo líder de JUPOL. JUCIL, CEP y AEGC adelantaron que participarían en la "gran manifestación" convocada para el 27 de noviembre.
Los sindicatos policiales lamentan que la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana les "desprotege" y favorece al infractor. Consideran que las enmiendas pactadas por PSOE y Unidas Podemos implican una rebaja de la presunción de veracidad del agente.
Las principales organizaciones sindicales temen que con la nueva Ley queden vendidos en las intervenciones en la calle y abocados al cuerpo a cuerpo sin los medios suficientes. Además, los sindicatos señalan su preocupación por la difusión sin autorización de imágenes de policías en su trabajo, lo cuál implica un riesgo para ellos como para su entorno. Asimismo, creen que permitir manifestaciones espontáneas atenta contra la libertad del resto de ciudadanos y pone en peligro a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tengan que intervenir.
Recelan de la posible alternativa a la limitación del uso de pelotas de goma como material antidisturbios o a que los agentes se conviertan en "taxistas" con los detenidos, al reducirse de seis a dos horas el tiempo de detención sin justificación, con una mención a que al arrestado habría que devolverlo al lugar en el que fue detenido. Otros puntos que rechazan es la limitación de cacheos o cuál será la propuesta final sobre la devolución en caliente de inmigrantes.