Junts presume de la cesión migratoria arrancada al Gobierno: "Es una competencia de los estados"
Podemos ha rechazado el pacto migratorio entre el PSOE y Junts por considerarlo "racista" y ha anunciado que votará en contra de la proposición ley, lo que complica que pueda salir adelante en el Congreso la norma que daría a la Generalitat catalana la competencia en la devolución de extranjeros.
La gestión integral por la Generalitat de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y que los Mossos colaboren con Policía y Guardia Civil en las fronteras de puertos y aeropuertos catalanes son otros dos aspectos controvertidos de la proposición de ley registrada conjuntamente por PSOE y Junts a primera hora de este martes.
El pacto migratorio es uno de los puntales de la cooperación entre los dos partidos, que mantienen una ronda de negociaciones en Suiza, y se ha desencallado una semana después de que los liderados por Carles Puigdemont retiraran su propuesta de una cuestión de confianza parlamentaria a Pedro Sánchez.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha lamentado que los socialistas alcancen un acuerdo con un partido antiinmigración que compite con la ultraderecha (Aliança Catalana) y el secretario de organización, Pablo Fernández, lo ha llamado directamente "pacto racista".
Para salir adelante en la Cámara Baja la ley orgánica necesitará 176 síes, la mitad más uno de los escaños del hemiciclo, y si Podemos une su rechazo a los de PP, Vox y UPN alcanzarían los 175 noes, que lo impedirían.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho en Barcelona, al visitar el MWC, que supondría una humillación sin precedentes y profundizaría en el desmantelamiento del Estado, mientras la secretaria general, Cuca Gamarra, ha llamado a Sánchez "pelele" de Puigdemont por este nuevo pacto.
"Están entregando España a plazos", ha apuntado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, mientras el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, lo ha llamado "pacto criminal" contra la unidad nacional de España; y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cree que estaría "al margen de la ley".
Lo creen también las asociaciones de guardias civiles y policías, que han pedido que dimita el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras considerar inconstitucional el traspaso de estas competencias, algo en lo que no están de acuerdo desde Sumar, según ha señalado Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, en TVE.
Díaz ha explicado que la competencia seguirá siendo del Estado, aunque se delegue la gestión a la comunidad autónoma, por lo que se respeta tanto la Constitución, que lo prevé en el artículo 150, como el marco europeo.
No obstante, no ha adelantado si Sumar dará un sí en el Congreso a la iniciativa acordada por su socio de gobierno, aunque desde este grupo algunos diputados han avanzado que tratarán con enmiendas de enriquecer el texto, que ven como un buen punto de partida.
Tampoco ha precisado aún ERC que votará, y mientras Pere Aragonès, expresidente del Govern, ha dicho en TV3 que tener más competencias para el país siempre es positivo, el portavoz del grupo en el Congreso, Gabriel Rufián, ha tuiteado que es necesario que esas competencias "se utilicen bien".
En un análisis de la proposición de ley, sin definir todavía su postura, se encuentran otros partidos, como EH Bildu, BNG y CC.