El Gobierno ve intereses personales en la decisión de la dirección de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos y considera que el argumento que alegan para justificarla, que busca más seguridad jurídica, se trata de meras excusas que califican de "ridículas".
Ese es el análisis que hacen fuentes de la Moncloa durante el viaje a Irlanda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con motivo de su gira por varios países previa a asumir el 1 de julio la presidencia europea de la UE.
Por su parte, Unidas Podemos ha movido ficha para intentar evitar el movimiento de Ferrovial. La formación morada ha propuesto en voz de ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, una ley para que las empresas que se marchen de España tengan que "devolver todos y cada uno de los euros que han puesto los españoles y las españolas para mantenerlas a flote".
Belarra ha subrayado que en su opinión "no hay nada más antipatriota que aprovecharte de las ayudas públicas que se pagan con los impuestos de todos los ciudadanos cuando las cosas te van mal y, cuando te van bien, irte a un paraíso fiscal para no pagar los impuestos que te corresponden". Podemos plantearía en su ley que las empresas que decidan marcharse, devolvieran las ayudas recibidas en los 10 años previos a la decisión de abandonar el país.
"Los españoles y las españolas salvamos con dinero público de nuestros impuestos a Ferrovial durante la pandemia mediante el mecanismo de los ERTE", ha añadido el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique.