3 de abril de 2025
El PNV ha cerrado un acuerdo con el PSOE para la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, que previsiblemente se celebrará la próxima semana. El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y Sánchez han suscrito este viernes el pacto en Madrid.
Los votos a favor del PNV son imprescindibles para que Pedro Sánchez sea investido en primera votación y en segunda votación sería suficiente con la abstención de los jeltzales para que el presidente del Gobierno en funciones sea reelegido.
Pedro Sánchez ha firmado con el presidente del PNV el acuerdo que le garantizará que la investidura salga adelante al contar con mayoría absoluta gracias a los votos de este partido, Sumar, EH Bildu, ERC, Junts y BNG.
Una vez cerrado y firmado este acuerdo, ya será el lunes cuando la presidenta del Congreso, Francina Armengol, anuncie finalmente la fecha de la investidura de Sánchez. Previsiblemente, el debate tendrá lugar los días 15 y 16 de noviembre en la Cámara Baja.
El acuerdo entre el PSOE y el PNV para la investidura de Pedro Sánchez garantiza el "traspaso efectivo" al País Vasco de todas las transferencias pendientes en el Estatuto de Gernika y abre la puerta a hablar del "reconocimiento nacional" de Euskadi y la "salvaguarda" de sus competencias.
Así lo ha afirmado el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, tras firmar el acuerdo con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, candidato a la reelección para presidir el Gobierno.
"Ambas partes aceptamos negociar sobre el reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y en la foralidad, ha explicado. Los acuerdos que se alcancen entre ambos partidos deberán responder a las demandas mayoritarias del Parlamento Vasco representante legítimo del pueblo vasco".
Este jueves el PSOE consiguió alcanzar un acuerdo con Junts tras intensos días de negociaciones en Bruselas, que incluía distintos acuerdos, entre ellos una ley de amnistía. Esta beneficiará "tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos".