La situación de José Luis Ábalos ha entrado en una fase clave después de que el instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, haya solicitado el suplicatorio al Congreso de los Diputados. Esta petición se basa en la existencia de indicios de hasta cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Sin embargo, el proceso legal para que Ábalos pueda ser inculpado y procesado estará sujeto a una serie de pasos que extenderán los plazos hasta febrero de 2024, cuando perdería su inmunidad como diputado.
La Constitución Española, en su artículo 71, establece que diputados y senadores gozan de inmunidad durante su mandato. Esto significa que no pueden ser detenidos salvo en casos de delitos graves, y su procesamiento o inculpación requiere la previa autorización de la Cámara en la que ejercen funciones. Por tanto, aunque el Tribunal Supremo ha identificado pruebas suficientes para avanzar en la causa, necesita primero la aprobación del Congreso a través del suplicatorio.
El procedimiento para tramitar el suplicatorio está detallado y sujeto a varias etapas:
Con estos plazos en mente, Ábalos continuará con su inmunidad, al menos hasta mediados de febrero de 2024, fecha en la que se espera que el Congreso haya tomado una decisión sobre el suplicatorio. Si se concede, el Supremo podrá procesarlo, lo que podría culminar en medidas como su detención, dependiendo del avance del proceso judicial.