Madrid |
Un reciente informe y las declaraciones de Alfonso Pérez Medina, jefe de Tribunales de laSexta, y su compañero el periodista de ElDiario.es, José Precedo Nouche, han sacudido el caso que involucra al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Según la declaración de Pérez Medina, recientemente concluida en el Tribunal Supremo, aseguró que poseía el contenido del correo del abogado de González Amador, Alberto Neira, mucho antes de que García Ortiz lo recibiese en su buzón oficial. En concreto, explicó que tenía el correo desde el 13 de marzo, a las 21:54, y que esa misma noche, seis minutos antes de que el fiscal lo pidiera formalmente, ya había divulgado detalles del mismo en sus redes y chats internos del medio.
Varios profesionales del gremio de la información han declarado que tuvieron en su poder el contenido del correo semanas antes de su reconocimiento oficial por parte del fiscal. Sin embargo, por ahora no existen pruebas de que esas fuentes hayan demostrado fehacientemente su acceso previo, y se abre así un escenario de inseguridad en la evidencia.
La Fiscalía y la defensa de García Ortiz mantienen posiciones enfrentadas: mientras unos apuntan a la posible filtración irregular, otros ponen en duda la autenticidad de las pruebas y cuestionan la cadena de custodia.
Un elemento que profundiza la confusión en torno a la filtración y acceso al correo es el hecho de que García Ortiz ha cambiado de móvil en no menos de cinco ocasiones. Este detalle, conocido en el entorno judicial, plantea serias dudas sobre la cadena de custodia y seguridad de la prueba.
Expertos consideran que, si bien la información sí era de conocimiento público por algunos medios, la manipulación y accesso previo del periodista a la evidencia antes de que fuera entregada oficialmente al fiscal pueden marcar un precedente en el caso.
Aunque se demuestre que otros profesionales tenían acceso previo al contenido, esto no implica automáticamente que García Ortiz no filtrase, porque. El delito atribuido requiere que un funcionario público (o persona con acceso secreto) revele información reservada o secreta. Si se prueba que la fuente fue otro, la imputación contra García Ortiz pierde fuerza, pero no desaparece de plano hasta que así lo determine el tribunal.
La existencia de otro canal previo o simultáneo de filtración puede complicar la atribución concreta, pero no la descarta si hay indicios de que él o su entorno participó activamente.
En derecho penal, la satisfacción de todas las pruebas (causalidad, persona que filtra, momento, responsabilidad) es lo que determinará si existe o no responsabilidad. El hecho de que los periodistas lo supieran antes es un hecho de defensa que puede debilitar la acusación, pero no la elimina automáticamente.