El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que ni él ni su equipo supo de ninguna acusación por agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, hasta el martes por la tarde cuando se hizo pública la denuncia.
Según explica El País, el Ministerio del Interior, sin embargo, está investigando a la mano derecha del DAO, el comisario Óscar San Juan (cesado) por presuntamente haber ofrecido diversos destinos de trabajo a la víctima como forma de presión para que no denunciase.
Cuenta el periódico que al parecer el temor que tienen actualmente algunos mandos es que la "onda expansiva del escándalo del encubrimiento llegue más lejos", según palabras recogidas en el propio artículo del medio.
El País da como una de las claves para esto el hecho de que la agente fue trasladada para trabajar en la subdirección de Recursos Humanos, en el mismo edificio en el que se encontraba José Ángel González. Este traslado se produjo el 24 de julio de 2025, tres meses después de la presunta agresión sexual. La pregunta es quién intervino en esta decisión y por qué motivos.
La denuncia de la víctima relata que esta agente se dio de baja en julio de 2025, tras recibir una llamada del comisario José Ángel González y mientras estaba en el despacho de quien ha asumido de forma interina el puesto de DAO, la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, Gemma Barroso.
En el escrito de denuncia, consultado por Europa Press, la víctima relata numerosas llamadas intimidatorias a raíz de la presunta agresión sexual ocurrida el 23 de abril de 2025 y cita una, registrada tres meses después, el 24 de julio, en el que se menciona a Gemma Barroso en su condición de subdirectora general de Recursos Humanos y Formación.
Esta comisaria es quien ha asumido el puesto al frente de la Dirección Adjunta Operativa en aplicación de la Orden 859/2023, de 21 de julio, que establece el relevo en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la DAO, hasta que la Policía convoque formalmente esta plaza y sea resuelta por el Ministerio del Interior.
"No se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental"
En concreto, en la querella se recoge que ese 24 de julio la denunciante, hasta entonces agente de la Policía en la Comisaría Local de Coslada, se encontraba en su nuevo destino en la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, en la madrileña calle Miguel Ángel, número 5, precisando que es la "misma sede donde trabaja el querellado" al coincidir aquí la Dirección General de la Policía.
"Cuando la víctima se encontraba incorporándose al nuevo puesto de trabajo y concretamente en el despacho de la subdirectora de Recursos Humanos y Formación recibió llamada del teléfono del despacho de José Ángel González. Al no contestar, la víctima comunicó a la subdirectora Gemma Barroso que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental", detalla la denuncia.
El escrito continúa explicado que fue en ese momento cuando la denunciante "fue puesta a disposición del equipo de apoyo psicosocial, del cual está siendo asistida y se encuentra de baja laboral con el armamento retirado, manteniéndose esta situación a la fecha de interposición de la presente querella".