El Gobierno combinará el derecho al castellano con el modelo educativo catalán

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, lo ha señalado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras la polémica surgida ayer a raíz de la petición del sindicato de profesores AMES y Sociedad Civil Catalana para que en la matriculación del próximo curso escolar en Cataluña se incluya una casilla para elegir el castellano.

"El cómo lo hagamos, lo estamos estudiando, pero sin duda lo haremos", ha aseverado el ministro, quien ha explicado que durante los tres últimos cursos el Ejecutivo "no ha estado de acuerdo" en cómo se llevaba a cabo la garantía de poder estudiar en castellano como lengua vehicular en Cataluña y lo ha recurrido.

"Lo coherente es que, de acuerdo con esos recursos, queramos en estos momentos modificarla (la preinscripción) en ese sentido, pero eso no significa ningún cambio del modelo educativo de Cataluña", ha recalcado.

Asimismo, el también portavoz del Gobierno ha recordado que "los modelos educativos están en las leyes", en la Lomce y, en este caso, en la Ley de Educación catalana de 2009, "que está plenamente vigente", y ha apuntado que ningún Gobierno puede modificarla, el único que puede es el Parlamento catalán.

El Ejecutivo ha tomado la decisión ahora de garantizar el derecho a las clases en castellano en virtud del artículo 155, por el que el Ministerio tiene las competencias de la Consejería de Educación catalana.

Además, ha insistido en que "esto no es más que cumplir con una obligación" tal y como lo establecen el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En este sentido, ha recordado que el TSJC ha fijado que se imparta un mínimo del 25 % de las clases en castellano.

Según han informado a Efe fuentes del departamento de Enseñanza catalán, una docena de escuelas están impartiendo el 25% de clases en castellano, tras solicitarlo las familias.

La medida de aplicación del 25% consiste en ofrecer una materia utilizando el castellano como lengua vehicular, "que cada escuela puede escoger en función de sus características y proyecto educativo y que afecta a la clase del niño cuya familia lo haya solicitado".

Méndez de Vigo ha dicho que desarrollar ahora la garantía de elección del castellano es "una cuestión técnica" y el Gobierno "lo va a hacer de la mejor manera" que sepa, ha continuado el ministro, que no ha querido hablar de "casillas" de formularios ni de "ningún modelo concreto".

"Ahora hay un formulario con una preinscripción, queremos que se haga no individualizada, sino de forma colectiva, y eso estamos estudiando", ha añadido el titular de Educación, que ha apuntado que también se analiza la estimación de cuántos alumnos podrían solicitarlo y su coste.

Preguntado por los periodistas si este asunto es una medida de presión hacia los independentistas para intentar desbloquear la crisis catalana, ha respondido: "Es una medida para favorecer la libertad y garantizar un derecho constitucional, nada más".

"No es un globosonda", ha precisado Méndez de Vigo, sino que se trata de "aprobar una resolución que toca tomarla" porque en febrero y marzo es cuando se hacen las preinscripciones.

Precisamente por eso, AMES ha iniciado hace unos días una petición de firmas en change.org (lleva casi 7.000) donde reclama que "en el modelo de preinscripción se introduzca una casilla de opción lingüística, para que los padres, madres o tutores legales puedan indicar si quieren que su hijo o hija curse sus estudios utilizando también el castellano como lengua vehicular".

Tras el anuncio del Gobierno se han sucedido las reacciones. Hoy, el PSOE ha señalado que intervenir en el modelo lingüístico de Cataluña corresponde al Parlamento catalán y al futuro Govern, y no al artículo 155. En el mismo sentido se ha expresado el PNV.

También el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, ha opinado que la pretensión del Gobierno "intenta dividir a los alumnos catalanes por su lengua". "Pero el catalán resistirá. Y la verdad se impondrá", ha escrito en twitter.

Para el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, su modelo educativo es el del Tribunal Constitucional, que dictaminó una presencia "conjunta y equilibrada" del catalán y el castellano en las escuelas y ha animado al presidente Mariano Rajoy a pasar "de las palabras a los hechos".

Ayer, la comunidad educativa de Cataluña, instituciones culturales, diferentes partidos y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, expresaron su rechazo frontal a la pretensión del Gobierno.

Hoy de nuevo, la Federación de AMPAS de Cataluña y la Confederación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cataluña, se han sumado a las críticas y consideran que no se debe segregar a los alumnos por la lengua.

En la actualidad, la disposición adicional 38 de la Lomce fija que a las familias que no tengan un centro público que garantice el castellano como lengua vehicular para sus hijos, el Ministerio de Educación cubrirá los gastos de su escolarización en centros privados y correrá por cuenta de la Administración educativa correspondiente.

El Gobierno ha ido reduciendo el presupuesto estatal para aplicar dicha disposición desde el curso 2014-15. Esta cantidad comenzó siendo de cinco millones en 2015, pasó a un millón en 2016 y en los presupuesto de 2017 se situó en 500.000 euros.