Esta semana ha entrado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto Ley, comúnmente conocido como 'Ley Iceta', que regula de forma precisa el funcionamiento del sector digital y tecnológico, lo que afecta también a las redes sociales y plataformas. Esta recoge la transposición europea de la directiva de la UE de propiedad intelectual, que ha sido especialmente polémica en los últimos años.
Uno de los objetivos de la nueva ley es defender los derechos de autor en redes sociales y plataformas y, desde el Ministerio de Cultura, se hará responsables a estas de los contenidos que los usuarios compartan en sus perfiles y deberán pedir permiso a la hora de publicar imágenes protegidas. En el caso de que no se dé, "los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea serán responsables de los actos no autorizados".
Sin embargo, el punto 73 de esta ley destaca que las plataformas podrán "inhabilitar el acceso a los mismos (contenidos) o retirarlos de su sitio web durante la retransmisión del evento en directo en cuestión". Esto significa que Twitch, YouTube o Instagram tendrán que cerrar el directo en el momento en el que el usuario muestre un contenido protegido y si no lo hacen se enfrentarán a responsabilidades muy graves.
La negociación de las autorizaciones a los agregadores de contenido para la utilización de estos materiales se realizará de acuerdo con "los principios de buena fe contractual, diligencia debida, transparencia y respeto a las reglas de la libre competencia, excluyendo el abuso de posición de dominio en la negociación".
Las plataformas no pueden controlar uno a uno los directos que los usuarios realizan, ya que se traduciría en una carga de trabajo realmente grande. Por ello, serán algoritmos automáticos los que revisen si el contenido en los directos está protegido o no. Esto abre la puerta a exámenes imprecisos y que borren un vídeo que realmente está libre de derechos de autor.
Los 'streamers' han puesto el grito en el cielo por esta ley porque consideran que verán reducida su libertad de expresión e incluso hablan de 'censura algorítmica' debido a la suspensión automática de vídeos, en directo o diferido, sin ninguna garantía judicial.