Junts ha vaticinado nuevas "derrotas parlamentarias" del Gobierno tras insistir el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en que no es transferible a Cataluña el control de las fronteras, algo que viene reclamando la formación de Carles Puigdemont.
Así lo dijo en el Pleno del Congreso el diputado de Junts Josep María Cruset, al preguntar al ministro por la cesión de esta competencia y defender que pactaron su traspaso con el Gobierno a comienzos de año para permitir la convalidación de dos reales decretos.
Cruset se preguntó "qué miedo tiene" el Ejecutivo de que los catalanes ejerzan las competencias de inmigración "de forma excelente". Apuntó que la cesión "integral" de lo referido a la inmigración es algo pactado con La Moncloa. "Así de claro, así de fácil", remarcó.
Marlaska respondió que el control de fronteras y de flujos migratorios irregulares "son competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central, por lo que no son susceptibles de ser transferidos o delegados". Sin embargo, afirmó que hay otros aspectos relacionados con la migración que sí pueden ser competencia autonómica.
El ministro ha asegurado que cualquier cesión de competencias sobre migración a la Generalitat "será fruto del acuerdo entre formaciones políticas, pero siempre respetando el diálogo en el ámbito parlamentario". Además, expresó la disposición del Gobierno a trabajar por una mayor coordinación en políticas migratorias con todas las administraciones.
Cruset advirtió al Gobierno: "Si ustedes no cumplen con Junts, ustedes no tienen lo que necesitan, nuestros siete votos". El diputado recordó que en el primer año de legislatura el Ejecutivo ha aprobado "pocas cosas" por la dificultad de llegar a acuerdos.
"O cumplen los acuerdos o derrotas parlamentarias", sentenció el representante de Junts, quien acusó al Ejecutivo de creer que pueden "conseguir lo que quieren a cambio de nada". Cruset insistió en que sin los votos de su formación, el Ejecutivo se enfrentará a más derrotas en el Parlamento.
Marlaska reiteró que la política migratoria se enmarca "dentro de la Constitución española, en sus normas de desarrollo en la legislación europea y en el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales". El ministro subrayó que esta política se basa también "en el respeto a los derechos humanos".