La jueza abre juicio oral contra el novio de Díaz Ayuso por el caso del presunto fraude fiscal

La jueza de instrucción número 19 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha acordado abrir juicio oral contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto fraude fiscal que supera los 350.000 euros y por supuesta pertenencia a grupo criminal.

El auto, dictado este lunes, señala que existen indicios de que González Amador defraudó a Hacienda durante los ejercicios de 2020 y 2021 mediante la utilización de facturas falsas y gastos ficticios con el objetivo de reducir la cuota a pagar en el Impuesto de Sociedades. La investigación partió de una denuncia de la Fiscalía apoyada en un informe de la Agencia Tributaria que detectó gastos no justificados y facturación simulada a través de distintas sociedades.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan tres años y nueve meses de cárcel para González Amador como autor de dos delitos contra la Hacienda pública en concurso medial con falsedad documental. Por su parte, las acusaciones populares, ejercidas por el PSOE y Más Madrid, elevan la petición de pena a cinco años de prisión al añadir a la imputación un delito continuado contable y otro de pertenencia a grupo criminal.

Junto al novio de la presidenta madrileña, también se sentarán en el banquillo otros cuatro empresarios, acusados de colaborar en la presunta trama.

Rechazo a retrasar el proceso

La decisión de abrir juicio se produce poco después de que la jueza rechazara la petición de la defensa de González Amador de aplazar la medida hasta la resolución de los recursos contra su procesamiento, al no apreciar motivos para ello.

El acusado ya se había negado a declarar ante la magistrada el pasado mes de febrero, acogiéndose a su derecho a guardar silencio hasta que se resolvieran los recursos pendientes. Una semana más tarde, la Audiencia Provincial de Madrid avaló que se ampliara la investigación a otros ilícitos penales.

El trasfondo del caso

Según la denuncia inicial del Ministerio Público, González Amador habría presentado facturas que no se correspondían con servicios realmente prestados, generando un perjuicio a la Hacienda pública cifrado en 350.951 euros. El informe de la Agencia Tributaria apuntó a la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente como instrumento utilizado para canalizar parte de las operaciones cuestionadas.

El Juzgado de lo Penal de Madrid será el órgano competente para el enjuiciamiento de este caso, que afecta de lleno al entorno personal de la presidenta de la Comunidad de Madrid.