La expresidenta de Adif y el ex director de Carreteras niegan las adjudicaciones y el juez les prohíbe salir de España

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte para la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero, ambos investigados por presuntamente favorecer adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones ilegales en el marco del ‘caso Koldo’. La decisión del magistrado responde a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, respaldada por las acusaciones populares dirigidas por el Partido Popular.

Ambos niegan amaños o mordidas

Durante sus respectivas comparecencias este lunes ante el Juzgado Central de Instrucción número 2, tanto Pardo de Vera como Herrero se han desvinculado de cualquier participación en amaños o cobro de mordidas. Ambos han negado haber favorecido adjudicaciones irregulares y han rechazado cualquier implicación delictiva. El magistrado les atribuye, en esta pieza separada del caso, presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación.

En su declaración, Isabel Pardo de Vera ha respondido durante cerca de una hora a las preguntas de su defensa y del fiscal anticorrupción. Parte del interrogatorio se ha centrado en su relación con la contratación en empresas públicas de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos. Pardo de Vera ha admitido que conocía su contratación en Ineco, pero ha asegurado que la "utilizaron" como correa de transmisión para gestionar trámites administrativos, hasta para cambios de hora, y que cuando supo de su relación con el ministro consideró que la situación no era ética, por lo que optó por no renovar su contrato. Posteriormente, Rodríguez fue contratada por Tragsatec, algo de lo que Pardo de Vera ha dicho no tener conocimiento.

Sus mensajes con Koldo

Respecto a los supuestos amaños en la obra pública, ha rechazado haber participado en ninguna adjudicación irregular y ha explicado que los asesores de ministros suelen interesarse por los proyectos, algo que ha enmarcado en la normalidad administrativa. A preguntas sobre sus conversaciones de WhatsApp con Koldo García, en las que este insistía en adjudicar una obra a la constructora LIC, la expresidenta de Adif ha respondido que ella no tenía competencias para decidir adjudicaciones, que los técnicos valoraban las ofertas y que, en todo caso, advirtió que esa empresa ya había sido adjudicataria recientemente.

Pardo de Vera ya estaba imputada por este juez por tráfico de influencias y malversación en relación con la contratación de Rodríguez, y ahora se investiga si junto a Herrero prestaron asistencia a Ábalos, a través de Koldo García, para facilitar adjudicaciones a constructoras como Acciona, LIC y OPR. Según la investigación, el ascenso de Pardo de Vera a la Secretaría de Estado de Transportes respondió también al interés del propio Koldo y del dirigente socialista Santos Cerdán.

Por su parte, Javier Herrero también ha negado cualquier tipo de amaño. Según fuentes jurídicas, ha declarado que Koldo García le pedía información sobre las obras una vez finalizados los procesos de adjudicación, supuestamente para que Ábalos pudiera rentabilizarlas políticamente en plena campaña electoral. Herrero ha indicado que toda la información que proporcionaba era pública.

Tras sus declaraciones, se celebró una vistilla en la que el juez impuso a ambos investigados la retirada de pasaporte y la prohibición de salir del país, tal y como solicitó la Fiscalía y respaldaron las acusaciones populares.