El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha rechazado los recursos presentados tanto por la defensas como por las acusaciones contra el auto por el que confirmó el procesamiento del expresidente catalán Carles Puigdemont por los delitos de desobediencia y malversación agravada, tras revisar su decisión inicial a la luz de la reforma que derogó la sedición y modificó la malversación.
Puigdemont acusó a Llarena de ignorar la reforma penal mientras que tanto Fiscalía como la Abogacía del Estado pedían sumar a esos dos delitos -desobediencia y malversación agravada- el nuevo delito de desórdenes públicos agravados.
En una resolución del pasado 12 de enero, Llarena eliminó el delito de sedición del procesamiento de Puigdemont, pero mantuvo el de malvesación, que fija penas de 4 a 12 años de prisión y de 10 a 20 de inhabilitación, e incluyó el de desobediencia, que no contempla cárcel, pero sí inhabilitación de 6 meses a 2 años.
Además, dejó sin efecto la euroorden dictada contra el líder independentista, aunque decidió mantener la orden de busca y captura nacional.