El juez imputa a Begoña Gómez y su asesora por un presunto delito de malversación
Se suma así a la investigación por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo contra la esposa del presidente del Gobierno.
El juez Juan Carlos Peinado ha acordado imputar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha fijado la citación como investigada de Gómez para el día 11 de septiembre a las 10:30 horas. La esposa de Pedro Sánchez ya figuraba como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
Aunque el juez ya había empezado a investigar la presunta malversación en el marco de la contratación de Álvarez, de momento no había imputado dicho delito a Gómez.
El instructor ha visto pertinente tomar declaración también como investigada a la propia Álvarez, a quien cita el día 10 de septiembre, a las 11.00 horas. Cabe recordar que aunque ya declaró como investigada, la Audiencia Provincial de Madrid anuló este interrogatorio.
El juez subraya que la Audiencia Provincial de Madrid dictó el pasado 12 de junio un auto en uno de cuyos fundamentos afirmaba sobre Álvarez que "la investigación tendrá que centrarse en si se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".
"Ya que las funciones de su cargo como asistente consistían en la gestión de la agenda, del correo, de dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del Presidente del Gobierno, la medida consistente en conocer el registro de llamadas entrantes y salientes y los concretos destinatarios resulta imprescindible ante los intentos de ocultar datos y fechas, que son necesarias a la hora de poder valorar su intervención, sirviendo de ejemplo la declaración del Vicerrector Sr. Doadrio, que dijo tener muchos correos con Begoña Gómez y su asistenta Cristina Álvarez Rodríguez, añadiendo que ésta última era la persona de confianza ya que siempre la acompañaba cuando iba a la Universidad, siendo ella la receptora de los correos", decía aquel auto.
"O la constatación de un email dirigido a la Directora de comunicación institucional de REALE Seguros, solicitando directamente la continuidad como entidad patrocinadora del Máster, lo que parece exceder claramente de sus funciones. Datos indiciarios, suficientes, en este momento procesal, de los que podría deducirse también la relación con las empresas del Grupo Barrabés, de las que supuestamente se valía la principal investigada lo que supondría una clara desviación del cumplimiento de su función como personal eventual de la Administración", proseguía.
"Otro dato más a considerar es el de la amistad personalde previa siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, que se pretenden mejorar con ese nombramiento, lo que podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados, y lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia Del Gobierno. Y todo ello, sin perder de vista el concepto de Funcionario Público a efectos penales, a tenor del artículo 24.2 del Código Penal, concepto que incluye a la citada Cristina Álvarez, como a la propia Begoña Gómez, en lo relativo al cargo que ocupaba en la Cátedra Extraordinaria de Trasformación Social Competitiva", recuerda el juez.