El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado la puesta en libertad y la retirada del pasaporte para Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos; el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y otro de los detenidos por presunta corrupción en la compra de mascarillas en pandemia.
Además de la retirada del pasaporte, el magistrado ha impuesto a García, De Aldama y al empresario Iñigo Rotaetxe la obligación de no abandonar España para comparecer de manera quincenal ante el juzgado, y ha decretado su libertad, como se esperaba, en tanto que la Fiscalía no ha pedido prisión, según informan fuentes jurídicas.
El juez, que no ha decretado ninguna medida para el cuarto de los detenidos, el hermano de Koldo García, los investiga por pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y delito de tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública.
Cabe recordar que este miércoles agentes de la Guardia Civil tomaron declaración como testigo al secretario de Estado de Seguridad y 'número dos' de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior, Rafael Pérez, en relación con la investigación sobre las presuntas mordidas.
La toma de declaración también afectó a su mano derecha, José Antonio Rodríguez, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, por el contrato de 3,4 millones de euros adjudicado a la empresa clave en el presunto fraude en la compra de mascarillas.
Fuentes del Ministerio del Interior reaccionaron a la información señalando que "no se pronuncian sobre un procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional y que tiene carácter de secreto".
La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional y en la que participan Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha llevado desde este martes a la detención de 14 personas, dentro de unas diligencias de investigación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que afectan a 20 personas.
Estas detenciones practicadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en distintas provincias de la geografía española han venido acompañadas por alrededor de 26 registros domiciliarios. Las fuentes consultadas indican que los mismos se han extendido hasta las 04.00 horas de la madrugada del miércoles y que, en alguno de esos registros, los agentes se han encontrado con cajas fuertes vacías.
Fuentes de la investigación señalan que el montante de los contratos de estas administrativas públicas supera los 50 millones de euros, según la estimación de los investigadores.
En el caso del Ministerio del Interior fue Rafael Pérez quien firmó la adjudicación de material de protección para el personal de Interior a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa por un valor de 3.479.355 euros. Estos contratos habían sido requeridos previamente por los investigadores, según explica el citado medio, y se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad y con carácter de emergencia.
En este contexto, la Guardia Civil también reclamó al Ministerio de Transportes documentación en el marco de la investigación por las presuntas mordidas, según informaron fuentes de la investigación.
En todo caso, las fuentes consultadas aseveran que la operación sigue abierta y que por tanto no es descartable que en las próximas horas tengan lugar más detenciones en el marco de esta causa que permanece secreta.