Madrid |
El jefe de investigación del diario 'ABC', Javier Chicote, ha denunciado en su cuenta de X las prácticas que llegó a sufrir por parte del ministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro. "Soy víctima de esta trama por haber destapado el negocio del despacho fundado por Montoro. Hacienda investigó hasta a mi hija, que entonces tenía 3 años. Por fin se levanta el secreto y los imputan", ha señalado Chicote, quien fue perseguido por destapar escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular.
"Pedí la personación en el juzgado como acusación particular, pero al estar secreta la investigación, el juez dijo que había que esperar. A ver ahora…", ha expresado al tiempo que ha recordado que "el 'Informe Chicote' se lo envió el inspector jefe de la ONIF (la unidad de elite de Hacienda) al director de Inspección y al director general de la Agencia Tributaria tres meses después de que Montoro me señalara, y no soy un contribuyente tan importante…"
Javier Chicote y su equipo le descubrieron a España que Montoro, valiéndose de su cargo, había aprobado distintas leyes que beneficiaban a empresas gasísticas que eran clientas del despacho de abogados Equipo Económico, el cual había sido fundado por el exministro antes de entrar en el Gobierno. Esto le valió a él y a otros periodistas, como Carlos Alsina, el señalamiento por parte del entonces titular de Hacienda, quien ordenó su investigación.
En esta trama, en la que están involucradas 28 personas físicas y seis jurídicas por la presunta comisión de los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental, ahora también está imputado el exministro.
Tal y como refleja el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, "el uso de tales potestades habría permitido a Equipo Económico (EE) poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público".
El texto también recoge que estas actuaciones "ponen de manifiesto la intencionalidad para aprobar una modificación 'ad hoc', es decir, que beneficiase exclusivamente a las gasísticas y dejase fuera a otros sectores cuyos costes de electricidad también superasen el lindar del 50% de los costes de producción".
También evidencia que incluso correspondió a las empresas englobadas en la AFGIM (Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos) "la redacción del texto propuesto para la elaboración de la norma que los incluyese en el citado beneficio fiscal, dando lugar a una situación que podría calificarse como sustitución o externalización indebida en el ejercicio de potestades normativas en la fase prelegislativa de la elaboración de la ley, así como de su reglamento de desarrollo".
Según el texto, el exministro "presuntamente hace uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio, lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho EE".