La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha respondido este miércoles al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que ha pedido audiencia en el Consejo de Estado después de que el Ministerio de Transición Ecológica haya ignorado en el proyecto de Real Decreto, el acuerdo con los ejecutivos de Valencia y Murcia, para evitar los recortes del trasvase Tajo-Segura y dejar de subvencionar el agua desalada lo que triplicará su precio.
Según ha declarado Rodríguez ante los medios en Ciudad Real, "el presidente de la Generalitat defiende los intereses de su Comunidad", pero el Gobierno debe defender los del país en general. Sin embargo asegura que "de lo que se trata es de poner al Tajo un nivel de caudal ecológico que hasta ahora no tenía, garantizando a la zona del Levante una inversión muy importante".
En concreto, la portavoz indica que esta inversión sería de hasta 650 millones de euros para la instalación de "desaladoras que garanticen una buena gestión de los recursos hidrícos también para el sector agrícola de la zona".
Asimismo, Isabel Rodríguez ha destacado que uno de los objetivos de este transvase es "dar cumplimiento a la normativa europea y a las sentencias del Tribunal Supremo".
El presidente de la Comunidad Valenciana ha censurado este transvase durante una entrevista en 'Más de uno' con Carlos Alsina. Ha asegurado que "lo que se acordó debe mantenerse" y ha comentado que "si la disposición se mantiene en los términos en los que se acordó en el Consejo Nacional del Agua, no hay ningún problema".
Además, Ximo Puig ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que mantenga las subvenciones del agua desalada y que ha desaparecido a principios de este 2023.