A una semana del 8M, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se posiciona a favor de dar una respuesta a la rebaja de penas de agresores sexuales, después de que, tras cuatro meses de aplicación, la ley del 'sólo sí es sí' haya beneficiado a almenos 646 condenados.
Durante este tiempo, Montero ha estado diciendo que convenía esperar al pronunciamiento de la Fiscalía o el Tribunal Supremo. En un primer momento las ministras de Unidas Podemos negaron que se fueran a producir revisiones de condenas y cuando la rebaja de penas comenzó, pasaron a culpar a los jueces de una mala aplicación de su ley.
El Consejo General del Poder Judicial hizo ayer público su informe en el que confirmaba que al menos 646 agresores sexuales se han visto beneficiados por esta ley y, de ellos, 65 habrían sido excarcelados.
Ante estos datos, Irene Montero asegura que sigue esperando el informe oficial para tener una "foto completa" de la situación. Sin embargo, ayer reconoció por primera vez la necesidad de dar una "respuesta" ante la problemática de su ley.
Es necesaria una respuesta a esas víctimas y al conjunto de la sociedad
"Con un solo caso ya sería suficiente para que insistamos en que es necesaria una respuesta a esas víctimas y al conjunto de la sociedad", señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Montero mantiene su apuesta por un acuerdo en la coalición antes de que llegue al Pleno la proposición de ley con la que el grupo socialista pretende enmendar los efectos de la ley del 'sólo sí es sí'.
Insiste la ministra de Igualdad en que hay tiempo y espacio para la negociación, pese a que desde su ministerio y el de Justicia hablan de "diálogo en tiempo muerto".
En el PSOE consideran que la ministra Montero no quiere cambiar la ley y, por eso, no hay avances en la negociación para la contrarreforma del Código Penal.
En el Consejo de Ministros de ayer, Igualdad, aprobó un paquete de 177 millones de euros para que las Comunidades Autónomas refuercen la lucha contra la violencia machista. Irene Montero recuerda que es la mayor inversión de la historia y se destinará para crear centros de atención integral 24 horas para víctimas de violencia sexual y de género.