Irene Montero, Iceta, Belarra… ¿Tienen los exministros sueldo vitalicio?
Nueve ministros del gabinete anterior no repetirán en el cargo, entre ellos tres de Unidas Podemos.
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Madrid | 21.11.2023 18:23
Los nuevos ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez ya han prometido su cargo ante el rey Felipe VI. En total, el nuevo Gobierno cuenta con 22 ministerios, igual que en la legislatura anterior, comandados por 12 mujeres y 10 hombres.
Sánchez conserva su núcleo duro con varias incorporaciones: 13 ministros del anterior gabinete continúan y entran nueve ministros nuevos.
Entre los que salen, hay seis ministros socialistas y tres de Unidas Podemos. Irene Montero es una de los cargos de la formación morada que deja el Gobierno y la cartera de Igualdad, y en su discurso de despedida ha arremetido duramente contra Pedro Sánchez a quien ha reprochado que la haya cesado.
Además de Montero, los ministros que no estarán en el nuevo de Gobierno son: Ione Belarra, Alberto Garzón, Raquel Sánchez, Pilar Llop, Miquel Iceta, Joan Subirats, José Manuel Miñones y Héctor Gómez.
Una de las dudas que surge en el arranque de la legislatura es cuánto cobran los ministros y si siguen recibiendo alguna compensación económica una vez dejan de serlo.
¿Tienen los exministros sueldo vitalicio?
Sobre esta cuestión, se ha especulado que los exministros, exvicepresidentes y otros cargos cobran un sueldo vitalicio. Lo cierto es que solo el presidente del Gobierno tiene derecho a un pago de por vida una vez que abandona el cargo.
El sueldo vitalicio para los expresidentes del Gobierno es una medida que implantó el Gobierno de Felipe González en 1992.
En cuanto a los exministros, estos sí pueden recibir un pago mensual correspondiente al 80% de su salario durante el mismo tiempo que han estado en el cargo y hasta un máximo de dos años. También pueden renunciar a él si lo desean.
Irene Montero -por ejemplo- que ha sido ministra de Igualdad desde 2020 hasta 2023, puede cobrar este sueldo durante dos años, aunque haya ocupado el cargo durante más tiempo.
Desde 2012, esta compensación económica es incompatible con recibir cualquier otra retribución por ejercer actividades públicas o privadas.