La insólita actuación de la acusación popular que pide la anulación del juicio contra su propio jefe, Álvaro García Ortiz

La fiscal María Ángeles Sánchez Conde, quien ejerce como acusación pública en el proceso judicial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha expuesto diversos motivos para tratar de conseguir la nulidad de la causa. Su actuación se ha alineado con la defensa del máximo representante del Ministerio Público, que no hay que olvidar, es su superior.

Durante su intervención ante el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, Sánchez Conde expuso hasta nueve argumentos para pedir la anulación del juicio. En el centro coloca la supuesta ilegalidad de la entrada y registro realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el despacho de García Ortiz, diligencia que calificó como "insólita" e "invasiva de derechos fundamentales".

La fiscal subrayó que nunca antes se había llevado a cabo una medida de este tipo contra un fiscal general del Estado, una acción que consideró desproporcionada y carente de justificación legal suficiente. A su juicio, este procedimiento vulnera los principios constitucionales y supone una "cuestionable intromisión" en la labor de un alto órgano constitucional.

Entre los argumentos de Sánchez Conde, destaca su crítica a la presunta falta de proporcionalidad del registro, que describió como una diligencia "desmesurada" que no puede ser subsanada "a posteriori". Además, afirmó que no se puede interrogar a García Ortiz sin antes resolver la supuesta inconstitucionalidad de la prueba base de la investigación.

La fiscal también señaló que la investigación debería quedar invalidada debido a la participación activa de terceros en la divulgación del correo que motivó la causa, mencionando expresamente al abogado de González Amador, el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, así como al jefe de prensa de esta última, Miguel Ángel Rodríguez.

Sánchez Conde aseguró que la Fiscalía ha sido víctima de un "montaje" orquestado para desprestigiar a García Ortiz y que las conversaciones entre fiscales y abogados son habituales y legítimas en casos de delitos fiscales, restando valor a las supuestas negociaciones que se investigan.