Imputaciones, mordidas y dimisiones: la última semana de curso del PSOE

Con la llegada de agosto y la oficiosa parálisis de España debido a las vacaciones, pudiera parecer que los escándalos políticos también cesan. Sin embargo, la corrupción que acorrala al PSOE no le da tregua. En cuestión de una semana se han conocido la imputación de la 'fontanera' Leire Diez y del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; las mordidas de la hermana y el cuñado de Cerdán, provenientes de Servinabar y la dimisión de José María Ángel por falsedad documental en su currículum.

La dimisión de Ángel

En medio de la guerra curricular iniciada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, y cuando parecía que se podrían anotar el tanto después de la dimisión de la exdiputada Noelia Núñez, un nuevo revés les ha golpeado. El comisionado para la Dana, José María Ángel, llevaba 40 años defendiendo que poseía el título de Diplomado en Archivística y Biblioteconomía, por el cual obtuvo su plaza de funcionario.

Sin embargo, una denuncia anónima hizo que se iniciase una investigación por parte de la Agencia Valenciana Antifraude que ha llegado hasta la Fiscalía Anticorrupción y que ha revelado que, efectivamente, mintió en su titulación. A las pruebas de la Justicia se la añade la propia Universidad de Valencia, donde supuestamente en 1983 obtuvo el título, aunque, como ha confirmado el centro, no disponían de esa titulación en aquel año.

A Ángel no le ha quedado más remedio que dimitir, o como dice él en una carta personal que ha publicado: "Me jubilo", echa balones fuera con las "reiteradas actitudes de inquina hacia su persona, con el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente", y culmina con un profundo sentido del deber: "Una vocación que no se improvisa, que no se hereda, y que no se compra, sino que se construye día a día".

Las mordidas de la hermana y el cuñado de Cerdán

Esta semana se ha hecho público el informe que la Hacienda Foral de Navarra ha remitido al juez instructor del caso Koldo-Ábalos-Cerdán, Leopoldo Puente, en él se recoge que la hermana de Santos Cerdán, Belén, presuntamente habría cobrado 22.000 euros de Servinabar, la empresa de que Santos tenía el 45% de las acciones y que era una de las beneficiarias de los contratos de obra pública amañados.

Según se detalla en el texto, este importe habría sido cobrado cuando era concejal del PSOE en Milagro y mientras presidía la Mancomunidad de Residuos de la Ribera Alta (Navarra) a comienzos de 2020, por haber realizado trabajos para dicha compañía. Por aquel entonces, Belén, compaginaba su trabajo como administrativa, con el de autónoma y concejala. Pese a que el cobro de la cantidad señalada parece lícito, la empresa de origen no deja de estar salpicada por la corrupción.

Lo mismo ocurre con el cuñado del exsecretario de Organización, Antonio Muñoz Cano, quien recibió un total de 61.672,11 € de la constructora por sus trabajos como albañil. Concretamente, los pagos se desglosan en: 3.363,36 € en 2019, 16.256,12 € en 2022, 21.233 € en 2021 y 20.819,63 € en 2022. La defensa de Cerdán ha alegado que el cuñado es albañil y que ejecutó un trabajo real en las obras que llevó a cabo Servinabar.

Las imputaciones del fiscal general del Estado y Leire Diez

Podría parecer suficiente para ser la última semana del curso político antes del parón de verano, sin embargo, el PSOE se ha acostumbrado en los últimos meses a tener semanas de escándalos 'non-stop' y, en esta ocasión, las nuevas se centran en las imputaciones de la 'fontanera' Leire Diez y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En el caso de Diez, el juez de Madrid Arturo Zamarriego la ha citado el próximo día 11 de noviembre para que declare como investigada por haber cometido los delitos de cohecho y tráfico de influencias en las reuniones en las que ofreció tratos de favor de la Fiscalía y ascensos en la Guardia Civil si se le entregaba información que pudiese comprometer a altos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO), como era el caso del teniente coronel Antonio Balas.

Ese mismo día le acompañarán en la sala, pero como testigos, el abogado Jacobo Teijelo -uno de los actuales encargados de la defensa de Cerdán-, el empresario Javier Pérez Dolset y el comandante de la Guardia Civil investigado en esta causa, Rubén Villalba.

La misma suerte ha corrido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien se tendrá que sentar en el banquillo, acusado del delito de revelación de secretos por, presuntamente, haber filtrado a la 'Cadena Ser' el correo electrónico en el que, supuestamente, el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso habría remitido a la Fiscalía y en el que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, reconocería que habría cometido delitos fiscales.

Esta determinación se ha tomado después de que la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo rechazase el último recurso presentado por García Ortiz, puesto que considera que hay indicios suficientes para ese delito. Por tanto, será la primera vez en la historia de nuestro país que se procese a un fiscal general del Estado, que por el momento no va a dimitir y que cuenta con el respaldo del Gobierno.