Madrid |
Ya le queda menos a Puigdemont para dejar de ser prófugo de la Justicia, procesado por el Tribunal Supremo o pendiente de euroórdenes o de cualquier situación en el Parlamento europeo. Ya le queda menos para que le veamos fotografiado con la señal de victoria. En Bruselas, en Francia, en España o donde le venga en gana. Ya acabó lo de medir sus pasos cada vez que salía de Waterloo. Se acabaron las reuniones clandestinas, los desplazamientos en cristales oscuros o en maleteros de vehículos prestados. La impunidad vergonzante se ha abierto paso.
Incluso aunque el Tribunal Supremo, el Superior de Cataluña, o cualquier juez que mantenga causas abiertas, puedan paralizar temporalmente la entrada en vigor de la Amnistía, planteando una cuestión de inconstitucionalidad. Incluso aunque el juez Llarena o el propio Pleno del Tribunal Supremo planteen una cuestión prejudicial en los tribunales europeos, que también paralizaría la entrada en vigor de la nefasta. A pesar de todo lo que se pueda retrasar, Puigdemont ya puede, siempre que quiera, venir a España y presentarse a las elecciones. Con una Ley de Amnistía promulgada, aunque a la espera de recursos, ningún juez o tribunal se atreverá a tomar mediadas cautelares como la prisión provisional. Y la inhabilitación no existe en el caso de Puigdemont porque no ha sido condenado.
Los amnistiados han negociado su propia amnistía. Esta es la primera razón de una impunidad vergonzante. Una de las partes negociadoras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoce que lo hace por su interés particular, porque necesita siete votos para seguir en Moncloa. Este reconocimiento es la segunda razón de una impunidad vergonzante. Pero sin duda, lo que más sonroja y quedará para siempre es el ataque directo al Estado de Derecho, borrando y exonerando todos los hechos y delitos cometidos por el independentismo desde el 1 de enero de 2013:
Todo quedará exonerado. Impunidad vergonzante por un puñado de votos