El pasado día 9 de marzo, durante un acto de partido en Bilbao, Pedro Sánchez anunció que el PSOE presentaría próximamente en el Congreso un proyecto de ley para abolir la prostitución en España; entonces, el presidente no concretó ningún plazo para la tramitación de esta iniciativa, si bien la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha concretado algo más las fechas durante las que se trabajará en este proyecto.
Desde Nueva York, la ministra Redondo anunció el pasado jueves que la andadura legislativa de esta ley arrancará la próxima semana: será entonces cuando se presentará la norma como proposición de Ley. Estas afirmaciones las ha realizado la ministra en el contexto de celebración de la Comisión para el Estatus de la Mujer (CSW), un foro feminista de gran alcance organizado por la ONU.
En tierras americanas, Redondo ha aseverado que "la sociedad española está en su mayoría por la abolición", si bien reconoce la existencia de "posiciones más complejas" que se podrán expresar durante el trámite parlamentario de la futura ley.
Redondo ha reivindicado al PSOE como "partido abolicionista", que aspira con esta ley a lograr un consenso entre el movimiento feminista; cabe destacar que dentro de este movimiento existen sectores más proclives a la erradicación de la prostitución y otros más próximos a su regulación.
Redondo ha afirmado que el objetivo de la Ley será ampliar el artículo 187 del Código Penal, para ampliar el tipo penal del proxenetismo, penalizar el lucro asociado al proxenetismo - como el alquiler de espacios para ejercer la prostitución- y establecer penas contra "cualquier acción que impulse o promueva la prostitución".
La ministra ha querido aclarar que esta Ley, en ningún caso, penalizaría a las mujeres que ejercen la prostitución, que en muchas ocasiones son víctimas de la trata. Para garantizar su seguridad, el Gobierno debería también retocar la Ley de Extranjería para reconocer el derecho de estas mujeres a vivir en España y ofrecerles alternativas a la prostitución: en este sentido, Redondo señala que será necesario un trabajo conjunto con las organizaciones que combaten la trata a la hora de facilitar la incorporación de las exprostitutas al mercado de trabajo.
Ya en la jornada del pasado 8 de marzo se aprobó en el Congreso la Ley de Trata, destinada a proteger a las víctimas de esta lacra, y numerosas militantes feministas socialistas promovieron una iniciativa para que se garantice la expulsión de cualquier cargo público que consuma prostitución.