El Gobierno tendrá una ley para restringir el asilo a España
La ley actual, de 2009, tiene que reemplazarse en los próximos 18 meses para adaptarse al Pacto Europeo de Migración y Asilo acordado con Bruselas.
El Gobierno va a reemplazar la ley de asilo actual por una más rígida que se adapte a la normativa acordada en Bruselas. En cuestión de 18 meses, las leyes españolas aplicarán el Pacto Europeo de Migración y Asilo que desde la pasada primavera es la hora de ruta de Bruselas.
El asilo en España se rige por una ley de 2009 que no sigue las normativas europeas ni tiene un reglamento que defina cómo aplicarse. El Gobierno se ve forzado a redactar una nueva norma tras muchas reclamaciones de parte de Bruselas.
El objetivo es acabar con el fraude
Así lo explica el Ministerio del Interior en un documento de 42 páginas en el que defiende que España "no retrocede ni en garantías jurídicas ni en derechos", mientras que las organizaciones que trabajan con migrantes y refugiados acusan al Gobierno de no haberles dejado formar parte.
Con la nueva normativa se busca evitar el fraude en un sistema que recibe más de 150.000 peticiones al año, acelerar la resolución de los expedientes e intentar expulsar lo máximo posible. Si bien, queda pendiente cómo se aplica a España, donde a diferencia de Italia o Grecia donde casi el 80% de los solicitantes llegan en patera, vienen en avión desde Latinoamérica.
El plazo para gestionar las solicitudes se reduce drásticamente
El objetivo de la nueva normativa es unificar y concentrar los procedimientos que se aplicar a los extranjeros que llegan en situación irregular. La idea es identificar las personas que llegan y hacer una criba en el menor tiempo posible que determine quién tiene derecho a quedarse en la UE como refugiado y quién tiene que volver. El plazo para resolver cada expediente será de, máximo, 12 semanas incluyendo los posibles recursos que interpongan los afectados. Es la mitad del tiempo que actualmente tardan las autoridades en resolver estos trámites, una media de dos años.
Para agilizar los trámites, el Ministerio del Interior estudiará las peticiones a la vez que trabaja en cómo sería el retorno. Es una de las exigencias del pacto y en España implica un cambio legislativo, ya que habrá que incluir un procedimiento de retorno específico para las solicitudes rechazadas.
Para aprobarse, tiene que pasar por el Congreso
En el documento también se explica que debe trabajarse en alternativas a la detención de los extranjeros y ampliar los perfiles de los solicitantes que puedan estar privados de libertad.
La nueva ley de asilo y las asociadas que tienen que modificarse, como la ley de extranjería, tendrán que pasar por el Congreso de los Diputados para aprobarse. Además, este pacto migratorio exige más personal de Policía Nacional y en la Oficina de Asilo, más intérpretes, más formación y financiación, que todavía está por determinar.