El Gobierno salva la ley de vivienda con un acuerdo de última hora con ERC
El Ejecutivo se ha comprometido a respetar el marco competencial de las comunidades autónomas en materia de vivienda.
ERC ha dado luz verde a última hora a la tramitación del proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda tras haber llegado a un acuerdo por escrito con el Gobierno que le garantiza el "respeto escrupuloso del marco competencial en materia de vivienda" en el texto final, lo que permitirá al Ejecutivo salvar este jueves la votación.
La diputada republicana Pilar Vallugera lo ha anunciado en el pleno del Congreso durante el debate de su enmienda a la totalidad y las del Partido Popular, Ciudadanos, PDeCAT, PNV y JxCAT, que buscan frenar su tramitación y devolver el proyecto al Gobierno, esgrimiendo entre otras razones invasión de competencias.
Además del compromiso que el partido independentista ha obtenido, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha asegurado que el texto resultante del proyecto de ley de vivienda serárespetuoso con la Constitución, con las competencias de las comunidades autónomas, y con el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Sánchez ha dado su palabra de que la ley de vivienda "será acordada con las fuerzas progresistas, entre las que se encuentra Esquerra Republicana".
Aunque desde ERC han dejado claro que la aprobación del trámite de hoy "no supone en ningún caso la validación de la ley", sino que impide que el texto sea devuelto al Ejecutivo, lo que ocurriría si los republicanos votasen a favor de las enmiendas de devolución de los otros grupos, y permite seguir su tramitación parlamentaria con la negociación de las enmiendas parciales que se abrirá en los próximos días.
La vivienda como "quinto pilar del estado del bienestar"
La titular de Transportes ha defendido el proyecto como instrumento para "reconocer la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar", con el fin de facilitar una oferta suficiente de alquiler a precios asequibles. En este sentido, ha subrayado que esta es la vía elegida por los países del entorno europeo, y para ello la norma contempla medidas fiscales, una regulación favorable y "un volumen importante de inversión pública".
Respecto a la regulación de precios del alquiler ha destacado que será las comunidades a las que les corresponda declarar una zona tensionada, diseñándose la medida "para casos absolutamente excepcionales" ante "distorsiones ante las que la Administración debe reaccionar de alguna forma", igual que lo hace ante otros mercados "en casos de distorsión o especulación".