Cuando Pedro Sánchez se preguntaba "quién va a pedir disculpas y perdón al fiscal general"
La reacción del Gobierno a la condena del fiscal general del Estado ha sido la esperada: respetan pero no comparten la condena al fiscal general y anuncian que pondrán en marcha su relevo en los próximos días con "el proceso de nombramiento" de su sustituto, "que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho".
Fuentes de Moncloa han reconocido además la labor de Álvaro García Ortiz "en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado".
Hasta el momento Gobierno y PSOE han venido defendiendo la inocencia del fiscal general, condenado ahora por el Tribunal Supremo por revelar información secreta de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, podrá combatir la condena a dos años de inhabilitación y pago de unos 20.000 euros que le ha impuesto este jueves el Tribunal Supremo ante el propio TS, mediante un incidente de nulidad, una vía que no suele prosperar pero que es indispensable para acudir en amparo al Tribunal Constitucional.
El Supremo ha condenado a García Ortíz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador -novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.
El fallo no ha sido por unanimidad. Ha contado con el apoyo de cinco magistrados -Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela- y con el voto discrepante de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo.
El tribunal, de mayoría conservadora, ha fallado tan solo una semana después de que concluyera un juicio histórico porque ha sido la primera vez que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados.