El Gobierno propone reformas en el Código Penal para desbloquear el Tribunal Constitucional y el CGPJ
Con la reforma, los vocales del CGPJ que insistan en el bloqueo judicial incurrirán en responsabilidades penales.
A las seis de esta tarde se acaba el plazo para que los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas parciales a la reforma del Código Penal que promueve el Gobierno para eliminar el delito de sedición. A todo ello se suma que el PSOE y Unidas Podemos también presentarán enmiendas para desbloquear el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según ha avanzado 'El Diario'.
Bastará con mayoría simple
El Gobierno pretende reformar a través del Código Penal la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar la mayoría de tres quintos que debe sumar el CGPJ en la elección de los dos magistrados al Constitucional que le corresponden, de modo que ahora bastará con mayoría simple.
De acuerdo a la enmienda, la elección de los magistrados para el Constitucional deberá celebrarse "en el plazo máximo de tres días hábiles" desde la convocatoria del Pleno extraordinario. Así, los dos candidatos que más votos tengan, pasarán directamente a formar parte del Constitucional.
Se les exigirán responsabilidades penales
Además, para asegurar la renovación, se ha añadido una cláusula que indica que, en caso de que los vocales o el presidente del CGPJ insistan en el bloqueo, se incurrirá en responsabilidades "de todo orden, incluida la penal". Con esto, se les podrá acusar de cometer un delito de prevaricación o desobediencia.
Se elimina la verificación del Constitucional
La segunda enmienda modificará la Ley Orgánica 2/1979 del Constitucional de modo que si pasados los 9 años y 3 meses de mandato de los magistrados propuestos por el CGPJ y por el Gobierno, "uno de estos dos órganos no hubiera realizado su propuesta", se procederá "a la renovación de los magistrados designados por el órgano que haya cumplido con su deber constitucional".
De esta manera, se termina con el debate sobre si la renovación por tercios, que en este caso es de dos elegidos por el Gobierno y dos por el máximo órgano de gobierno de los jueces, debe hacerse conjuntamente, y se elimina la necesidad de verificación por parte del Tribunal Constitucional de los nuevos magistrados.
Con todo esto, el Ejecutivo asegura el desbloqueo de las designaciones del magistrado de la Audiencia Nacional y exministro, Juan Carlos Campo, y de la catedrática de Constitucional y ex directora general de Presidencia, Laura Díez, como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.