El Gobierno podrá requerir a las comunidades autónomas que apliquen el ahorro energético

El Gobierno podrá requerir a las comunidades autónomas que apliquen el plan de ahorro energético aprobado este lunes por el Consejo de Ministros y, si fuera necesario, emprender las acciones judiciales que estime oportunas en caso de que no actúen correctamente o se opongan.

Lo explican así fuentes jurídicas consultadas por Efe, que insisten en que las comunidades autónomas, como cualquier entidad pública o privada, están sujetas al cumplimiento de la ley hasta que su eficacia no haya sido suspendida por un recurso de inconstitucionalidad.

El llamado "Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización", que entrará en vigor la próxima semana y prevé, entre otras medidas, el ajuste de los termostatos en edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, estaciones de tren y autobuses y aeropuertos, ha sido objeto de críticas por parte del PP desde antes de su aprobación.

Más tajante se ha mostrado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que a través de sus redes sociales avisó de que "Madrid no se apaga", porque "esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. Provoca oscuridad, pobreza, tristeza". "(Pedro) Sánchez dice: España se apaga hasta que comience mi campaña electoral para ser solidarios 'con la UE'. La respuesta es NO: reduzca 20.000 millones de gastos inútiles de sus 22 ministerios", exponía en otro mensaje.

Aunque en las últimas horas el Gobierno madrileño ha rebajado el tono al avenirse a cumplir el real decreto ley si no tiene otro remedio, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha adelantado que seguirán estudiando si lo recurren al Tribunal Constitucional por un choque competencial.

Una posición que respalda la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), que rechaza las "imposiciones" del Ejecutivo central en materia de eficiencia energética por "la falta de estrategia y de coordinación con los afectados y las comunidades autónomas".

La colaboración entre Administraciones es clave para la aplicación del plan, no en vano las competencias para ejecutar lo dispuesto en el real decreto ley están atribuidas a las comunidades autónomas que las hayan asumido, según el socio de Derecho Público y Regulatorio de Fieldfisher Spain, Ramón Vázquez del Rey. En este ámbito, no se prevé -en principio- ninguna medida que habilite al Gobierno a sancionar a una comunidad que se oponga a aplicarlo.

No obstante, a través de sus servicios jurídicos, "podrá llevar a cabo requerimientos a la que considere que está incumpliendo y, en su caso, ejercitar ante la jurisdicción contencioso-administrativa las acciones judiciales que estime oportunas por la oposición o falta de actuación de ésta".

De acuerdo con la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el requerimiento previo es la facultad que tiene una Administración pública antes de interponer este tipo de recurso contra otra para solicitar que derogue una disposición, anule o revoque un acto, cese o modifique una actuación o inicie una actividad a la que está obligada, como sería en este supuesto.

Deberá dirigirse al órgano competente mediante un escrito razonado que concretará la disposición, el acto, la actuación o la inactividad, en el plazo de dos meses contados desde la publicación de la norma o desde que la Administración interesada conozca la irregularidad.

El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, la Administración requerida no lo contesta.