El Gobierno impulsará en febrero las leyes trans y LGTBI
Irene Montero y Carmen Calvo ya han mantenido una reunión de trabajo para "garantizar lo antes posible los derechos LGTBI y de las personas trans".
El Gobierno iniciará la tramitación legislativa de la ley trans y LGTBI en la primera quincena de febrero. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, ya se han reunido para abordar los textos de estas futuras leyes.
Fuentes del Ministerio de Igualdad, Carmen Calvo e Irene Montero mantuvieron este lunes una "primera reunión de trabajo" sobre los textos de estos dos anteproyectos, que forman parte del acuerdo del Gobierno de coalición, y acordaron que es necesario "garantizar lo antes posible los derechos LGTBI y de las personas trans".
Estas mismas fuentes precisan que los textos ultimados por el Ministerio de Igualdad "cuentan con una nítida garantía jurídica" y se han trabajado con expertos en la materia y con los colectivos implicados.
Por su parte, fuentes de la vicepresidencia primera han precisado que Calvo, en calidad de ministra de la Presidencia, es la encargada de coordinar todos los proyectos de ley del Gobierno y por tanto se reúne con los ministros que preparan textos legales.
Los anteproyectos se abordarán con rapidez
Desde la vicepresidencia han querido "dejar claro" que la protección de los derechos del colectivo LGTBI y de las personas trans es un compromiso tanto del Gobierno como del PSOE. Asimismo, han asegurado que ambos anteproyectos de ley se abordarán "con rapidez, con diligencia y lo antes posible", pero no han concretado una fecha concreta para que llegue al Consejo de Ministros.
Los dos anteproyectos de ley, que forman parte del acuerdo del Gobierno de coalición, ya han pasado el trámite de consulta previa.
Críticas a la ley trans
La ley trans permitirá el cambio registral de sexo sin necesidad de informe médico o de someterse a tratamiento para cambiar la apariencia física, algo que ha desatado las críticas de una parte del sector feminista que niega o cuestiona la identidad de género.
La identidad de género alude a la percepción subjetiva que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género, que podría o no coincidir con sus características sexuales.
Aunque el texto del anteproyecto de ley aún no se ha dado a conocer, esta ley incluirá la autodeterminación del género de las personas que manifiesten una identidad de género no coincidente con el sexo asignado en el momento del nacimiento.
Uno de los colectivos feministas que se declara en contra de esta ley es el colectivo Confluencia Movimiento Feminista, que ha pedido el cese de Irene Montero como ministra al considerar que la autodeterminación del género daña la lucha por los derechos de las mujeres y puede conllevar el "borrado" de estas del ordenamiento jurídico.
Por otro lado, el sector del feminismo inclusivo que defiende la participación de las mujeres trans impulsó la semana pasada un manifiesto en pro de los derechos de las mujeres trans.
En cuanto a la ley LGTBI, pretende establecer un marco legal estatal adecuado para la prevención, atención y eliminación de cualquier forma de discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.
Discrepancias en el Gobierno con la ley trans
Aunque distintos integrantes del Gobierno han reiterado en numerosas ocasiones que el compromiso con el colectivo trans es claro, la aparición de un argumentario contrario a la autodeterminación del género avalado por la vicepresidenta Calvo y el ministro José Luis Ábalos avivó la polémica.
Además, la vicepresidenta aseguraba el pasado mes de junio que el sujeto político del feminismo son las mujeres y recordó que esa es la postura que siempre ha defendido el PSOE frente a las críticas de los colectivos LGBT por el documento interno del partido en el que los socialistas rechazaban "la autodeterminación sexual".
Por otro lado, esta reunión entre Carmen Calvo e Irene Montero se ha producido además pocos días después de la última polémica entre PSOE y Unidas Podemos, en este caso por el registro en solitario por parte del PSOE de la ley de Igualdad de Trato, ley que llevaban meses negociando entre los dos grupos parlamentarios.