El letrado del FROB, Fernando Aizpún, ha explicado que debe ser este organismo quien perciba estas cantidades puesto que es "la entidad perjudicada" y quien saneó "con fondos públicos" y "por imperativo legal" la caja "para preservar la estabilidad del sistema financiero".
En el mismo sentido se ha manifestado el abogado de Bankia, Joaquín Burkhalter, pero defendiendo que es la entidad financiera, como heredera legal de Caja Madrid, a la que deben restituirse los fondos.
Durante su intervención, Aizpún, que ha tratado de abreviar "para regocijo de los acusados", ha refutado los argumentos expuestos por los abogados defensores y ha hecho suya la "prolija y minuciosa" exposición que hizo el pasado lunes el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, incluido lo relativo a una reducción de las penas para los acusados que consignaron los importes gastados.
En su opinión, ha quedado claro que el sistema de estas tarjetas era ilegal, y no estaba soportado por ningún argumento jurídico ni por los estatutos de la caja.