La Fiscalía recurre la apertura de diligencias contra Begoña Gómez y pide archivar la causa

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado el archivo de la investigación abierta por un juez de Madrid a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Según han informado fuentes fiscales, la Fiscalía ha recurrido directamente ante la Audiencia Provincial la decisión del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid y pide que se revoque y se archive el caso.

En el procedimiento, que se ha declarado secreto, el juez investiga una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias, y que se fundamenta en una serie de noticias de prensa.

La denuncia de Manos Limpias trascendió el miércoles por la mañana y a media tarde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dirigió una carta a la ciudadanía en la que anunció que reflexionará y comunicará el próximo lunes si sigue en la Presidencia del Ejecutivo tras la apertura de esas diligencias contra su mujer.

Este jueves el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha precisado que basó la denuncia en informaciones periodísticas y ha añadido que, si no son ciertas, la responsabilidad será de quienes las publicaron.

Ha relatado que tuvo conocimiento "a través de varios diarios digitales, de una serie de informaciones que afirmaban presuntas irregularidades, que pudieran ser presuntamente delictivas", y que al ver que la Fiscalía "no actuaba de oficio" decidió denunciar para que un juzgado "comprobara la veracidad de las mismas".

El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias es un "sindicato" fundado en 1995 por Miguel Bernad que ha interpuesto todo tipo de denuncias ante lo que considerara corrupciones políticas o económicas con lesión para el interés general.

Recientemente, el Tribunal Supremo absolvió a Bernad, secretario general de Manos Limpias y firmante de la denuncia, y al líder de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, que habían sido condenados a 8 y 4 años de prisión, respectivamente, por la Audiencia Nacional por extorsiones a entidades bancarias a cambio de evitarles acciones judiciales o campañas de descrédito.