Según informa la Fiscalía, el Ministerio Público le imputa un delito de asesinato con alevosía y pide que, una vez haya cumplido la condena, el acusado sea expulsado de España, país al no debe volver en diez años.
Los hechos, relata el fiscal en sus conclusiones, tuvieron lugar el 2 de enero del año pasado cuando Ali Raba Yode, que contaba con antecedentes penales, se hallaba en la estación de Embajadores cerca del lugar donde dos agentes uniformados realizaban labores de vigilancia y protección.
"Sin motivo alguno -señala el escrito de acusación- el acusado comenzó a increpar a los agentes los cuales se dirigieron al acusado interesándose por su estado".
Tras mantener una discusión y no deponer su conducta "agresiva" y "amenazante", los agentes le requirieron su documentación "intentando reiteradamente que depusiera su actitud", si bien el acusado se mostraba más agresivo y "vociferante".
Incluso llegó a aproximarse al borde del andén, por lo que los agentes trataron de convencerle de que se apartara del lugar y les acompañara a otro más seguro.
Cuando el convoy de la línea C-5 hacía su entrada en la estación y estaba ya a la altura del acusado, éste, "siendo plenamente consciente de esta circunstancia, de modo inesperado y sorpresivo", agarró fuertemente por el uniforme al agente y le empujó a la vía en el momento en que pasaba la cabecera del tren, con el fin de que le atropellara.
Aunque el costamarfileño perdió también el equilibrio y se precipitó junto con el policía a las vías, siendo ambos arrollados por el convoy, solo el agente falleció al recibir el impacto en la cabeza, que le produjo la muerte instantánea.
En opinión del fiscal, el acusado actuó "con el ánimo de acabar con la vida del policía y siendo consciente de que la muerte podría sobrevenir como consecuencia natural y altamente probable de su conducta, sin que la víctima tuviera la oportunidad de defensa eficaz ante el ataque".
Ali Raba ya había sido condenado un año antes de los hechos a seis meses de cárcel por un delito de resistencia a la autoridad y lesiones y se había acordado su expulsión de España por cinco años.
El agente fallecido, de 29 años, pertenecía a la Brigada Móvil de la Dirección General de la Policía, la que se encarga de la vigilancia y control en los trenes de media y larga distancia.
Solo tenía como parientes más próximos a su hermana y a su abuelo, quien ejerció las funciones de educación y crianza al quedar huérfanos de padre y madre en 1994, aunque el agente vivía independiente.