En un escrito encabezado como suplicatorio, las fiscales delegadas Olga Muñoz y Laura Pellón reclaman al magistrado instructor, Leopoldo Puente, que les traslade “sin dilación alguna” la identificación de los contratos, adjudicaciones o subvenciones actualmente bajo investigación. El objetivo es determinar si entre ellos existen proyectos de obra pública que hayan recibido financiación comunitaria.
De confirmarse, la Fiscalía Europea podría reclamar la competencia para investigar esta parte concreta del caso Koldo, en el que Cerdán permanece en prisión desde el pasado 30 de junio. La institución está facultada para intervenir siempre que existan indicios de un uso irregular de fondos de la Unión Europea, y así delimitar el alcance de su actuación dentro de un procedimiento que, en origen, se dirige contra una presunta trama de corrupción de alcance nacional.
Esta no es la primera vez que la Fiscalía Europea se enfrenta a un conflicto de competencias en el marco del caso Koldo. Hace un año, el organismo trató de asumir la investigación completa cuando la Audiencia Nacional analizaba las adjudicaciones de contratos públicos para la compra de mascarillas durante la pandemia.
Sin embargo, el Tribunal Supremo dictaminó que la Fiscalía Europea no podía investigar el conjunto del procedimiento, al entender que los hechos excedían de su ámbito de actuación y no afectaban en su totalidad a los intereses financieros de la Unión. En aquella resolución, se limitó su intervención únicamente a los contratos en los que se había detectado un presunto uso irregular de fondos comunitarios en Baleares y Canarias.
El alto tribunal subrayó entonces que la investigación debía centrarse en la “posible existencia de una trama de corrupción a nivel nacional” que habría afectado a distintas administraciones y organismos públicos españoles. Según aquel auto, este tipo de actuaciones resultan más eficaces si son instruidas por órganos judiciales nacionales, al no existir una conexión material suficiente que justifique la intervención de un órgano de carácter supranacional como la Fiscalía Europea.
Ahora, con la nueva solicitud cursada al juez Puente, la institución europea vuelve a tantear la posibilidad de ampliar su radio de acción si logra demostrar que parte de las contrataciones irregulares que se atribuyen a la trama de Cerdán fueron sufragadas con dinero de Bruselas.