La Fiscalía Europea cree que conservar en Anticorrupción la causa del hermano de Ayuso "desafía" al derecho de la UE

La Fiscalía Europea considera que la decisión de la Fiscalía General del Estado de España de conservar la investigación sobre el caso del contrato de las mascarillas que afecta al hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no se ajusta al derecho de la UE y es "un desafío" a su "supremacía".

En un comunicado, la Fiscalía Europea (EPPO, en sus siglas en inglés) dice este miércoles que "ha tomado nota" de la decisión del día 28 de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, de dividir la competencia sobre los mismos hechos entre la Fiscalía Anticorrupción y la EPPO, pero considera que "esta decisión no se ajusta al derecho de la UE y continuará su investigación".

Renunciar, además, como sugirió la Fiscalía Europea, a que fuese el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el que ejerciese su "mandato exclusivo" de velar por la correcta interpretación del Derecho de la UE "constituye un desafío a la supremacía del Derecho de la UE", subraya el comunicado.

Mensaje a Dolores Delgado

La Fiscalía europea expresa además su "preocupación" por el procedimiento que ha llevado a decidir la división de competencias puesto que esta ha sido tomada por la Fiscal General del Estado, "que es el superior jerárquico del cuerpo nacional y, por tanto, parcial en el procedimiento en curso".

Además la decisión se ha tomado sin escuchar a las dos partes en el conflicto de competencias durante la reunión de Fiscales de Sala y la ley española que regula este procedimiento, que concierne a la interpretación y aplicación del derecho de la Unión, "no prevé ningún remedio", dice el organismo comunitario en su comunicado.

La decisión para mantener la causa en Anticorrupción

La fiscal general del Estado decidió el lunes que la Fiscalía Anticorrupción española, capitaneada por Alejandro Luzón, siga investigando el contrato de mascarillas por el que cobró el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en lugar de remitir las pesquisas a la Fiscalía Europea, que las reclamaba.

Con sede en Luxemburgo, la Fiscalía Europea considera que tiene una "competencia preferente" para investigar "todos los delitos relacionados" con un posible fraude a los intereses financieros de la Unión Europea y reclamaba el caso para evitar "duplicidades".

Concepción Sabadell, exfiscal Anticorrupción del caso Gürtel y ahora representante española en la Fiscalía Europea, incluso solicitó a Delgado que considerase la posibilidad de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que decidiese sobre el conflicto de competencias planteado.

La investigación al hermano de Ayuso

La Fiscalía Europea solicitaba la investigación del caso ante la posible comisión de un delito de malversación de fondos europeos en ese contrato, por el que Tomás Díaz Ayuso cobró 55.000 euros.

Pero Delgado consideró que "se trata de comportamientos que afectan directa y esencialmente a intereses nacionales" por lo que estimó que debe ser la Fiscalía nacional la que determine si hay indicios "para la eventual incoación de un procedimiento penal".

De este modo, la investigación del caso la mantendrá Luzón, quien, al menos en el actual momento de la investigación, no comparte el criterio de Sabadell (su antigua subordinada) de que se pueda haber cometido delito de malversación de fondos europeos.

De esta manera, la Fiscalía Europea podrá mantener su investigación sobre los hechos que afectan a los intereses financieros de la UE, y para ello cuenta con copia de las actuaciones, pero no se le cederá la investigación sobre los hechos que atañen al funcionamiento de la administración publica española.

Anticorrupción abrió el 22 de febrero diligencias para dilucidar si había indicios de delito en el contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas al inicio de la pandemia en China que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con el hermano de Díaz Ayuso y por el que este cobró 55.850 euros.

Este es el primer conflicto de competencias que surge entre la Fiscalía española y la europea desde que esta empezó a funcionar en junio de 2021.