Madrid |
La crisis migratoria en Ceuta ha dado un nuevo giro que desplaza el asunto hasta los tribunales. La fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado a la juez María Tardón que abra una investigación penal sobre los hechos ocurridos en Ceuta. Así lo ha adelantado Eva Llamazares, periodista de Onda Cero, explicando que el Ministerio Público considera que la Audiencia Nacional es competente para investigar, por un lado, ciertos hechos cometidos fuera del territorio nacional, y también por el principio de territorialidad.
La petición llega después de conocerse el informe de la Policía Nacional que señala a Marruecos como responsable de la crisis migratoria. Según el documento, agentes marroquíes habrían "guiado" la entrada de migrantes a Ceuta. Por ello, el fiscal jefe, Jesús Alonso, ha expuesto que debe ser la Audiencia Nacional quien investigue el caso debido a la repercusión para las instituciones y a que el delito pudo cometerse fuera de España.
El fiscal cree que pudo haber delitos de inmigración ilegal, homicidio y lesiones por imprudencia grave, por lo que ahora será turno de la magistrada, que deberá tomar una decisión. La investigación deberá esclarecer si lo ocurrido en Ceuta fue una acción coordinada y quién fue el responsable.
El informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), detalla que no se trató de "algo accidental", sino que la finalidad migratoria operó como una "cobertura formal" para "dirigir un flujo masivo de personas a Ceuta".
La jueza María Tardón ha recibido el apoyo de la Audiencia Nacional en las diligencias que inició sobre la masiva llegada de inmigrantes a Ceuta, afirmando que "no ha interferido con la seguridad nacional", una crítica hecha por Fernando Grande-Marlaska, el ministro del Interior.
En un escrito de este viernes, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha mostrado su "absoluto respaldo" a la actuación de la jueza María Tardón ante la queja del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, porque prohibiera a los policías que investigan la crisis migratoria de Ceuta que facilitaran información a sus superiores.
"No solo no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación jurisdiccional, sino que, antes al contrario, está actuando para la preservación y defensa del interés general de España, dentro del marco del respeto escrupuloso a sus funciones jurisdiccionales", recalca.