La filtración y el borrado, las dos claves fundamentales del juicio al fiscal general del Estado
Pase lo que pase, la trascendencia del juicio contra el fiscal general del Estado es indudable. La credibilidad o la confianza en la institución han quedado tocadas. Las dudas sobre la actuación del Ministerio público en casos de componente político va a ser indudable. Tanto si Álvaro García Ortiz es condenado o exculpado habrá críticas y recelos en ambos sentidos.
El juicio ha sido inédito, excepcional y trascendente y hoy va a quedar visto para sentencia. De momento han intervenido las acusaciones que han fundamentado sus intervenciones en la coincidencia temporal entre la filtración del pacto de conformidad y el momento en el que García Ortiz tuvo todos los datos, el control que de las actuaciones tuvo en todo el momento el fiscal, y en que no respetó la obligación de guardar secreto.
Por su parte, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha negado en el juicio que la Fiscalía actuara de forma "impropia" con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. A su juicio, "ha recibido el mismo trato que recibe cualquier ciudadano" al que se le investiga por fraude fiscal.
La fiscal ha insistido en que "está fuera de toda duda" la actuación que llevó a cabo el Ministerio Fiscal, desde que abrió las diligencias preprocesales relativas a González Amador hasta que presentó su denuncia ante los juzgados madrileños.
"El señor González Amador ha recibido el mismo trato en estas actuaciones que el que recibe cualquier ciudadano al que se le imputan infracciones penales, puesto que la denuncia contra él fue presentada con antelación al conocimiento de su identidad o de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid" por parte de la Fiscalía, ha manifestado.
En la misma línea, ha recalcado que "el Ministerio Fiscal no ha tenido ninguna actuación impropia o improcedente" en lo relativo a González Amador, cuya representación legal reclama hasta cuatro años de prisión para el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos.
La acusación particular que ejerce Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que la presunta filtración en su contra destrozó su presunción de inocencia al transmitir que "es un delincuente confeso", lo que ha asegurado que le impuso una "sentencia popular" y le convirtió en "moneda política".
Así se ha pronunciado el abogado Gabriel Rodríguez Ramos en su informe final ante el tribunal. "No es que se transmitiera a los medios la existencia de un procedimiento penal, es que se transmite que es un delincuente confeso. Se tiene una sentencia pública de condena", ha dicho, en referencia al contenido de la nota de prensa que difundió la Fiscalía Provincial de Madrid, por orden de la Fiscalía General del Estado (FGE), el 14 de marzo de 2024 a las 10.22 horas.