La Fiscalía apoya que se conceda un nuevo indulto a exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, que exonere la condena de inhabilitación vigente hasta 2031, una vez que el Tribunal Supremo ha rechazado aplicarle la amnistía al delito de malversación.
En un informe, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, solicita a la Sala Segunda que acceda a la petición de indulto que fue presentada el pasado 12 de julio por un ciudadano catalán ante el Ministerio de Justicia, que pidió a su vez un informe al Supremo.
La número 2 del Ministerio Público dice que "la concesión del indulto parece pertinente al ser excesivo que se siga cumpliendo la pena de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias en que el delito se cometió y a que otros intervinientes en hechos que se enmarcan en el denominado proceso independentista catalán, vayan a ver extinguida de modo total su responsabilidad penal sin ser enjuiciados, al deberse proceder el archivo de las causas".
Cita el relato que recoge la exposición de motivos de la ley que justifica la amnistía "como un paso necesario para superar las tensiones", lo que a su juicio "no acontece en el presente supuesto en el que la persona para la que se solicita el indulto, es líder del proceso, ha ingresado en prisión, ha sido enjuiciado condenado y ha cumplido de forma extensa la condena y ello ha generado una profunda convulsión en la sociedad catalana".
"Dicha condena - continúa- ha sido uno de los hitos, tal vez el más importante para provocar la desafectación a que se refiere la exposición de motivos".
Por eso, la Fiscalía manifiesta que "no se entiende que dicha persona no puede ser amnistiada y la ley sí puede ser de aplicación a aquellos aún no enjuiciados y que no han sido objeto de condena ni han comenzado a cumplirla".
El Ministerio Fiscal se posiciona a favor no solo de Junqueras, sino también de los exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, para quienes también se solicitó el indulto al estar en las mismas circunstancias que Junqueras.
En 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez concedió un indulto parcial a los líderes independentistas condenados por el procés que afectó a las penas de prisión, pero no a las de inhabilitación absoluta para ejercer cargo público.