Madrid |
El segundo debate de las elecciones andaluzas ha estado marcado por la muerte de dos guardias civiles durante una persecución a una narcolancha. Mientras el Gobierno andaluz ha denunciado la falta de inversión del Ejecutivo central en la lucha contra el narcotráfico, la candidata socialista a la Presidencia de la Junta ha acusado al PP de intentar rentabilizar políticamente la tragedia.
En este contexto, Carlos Alsina ha conversado en Más de uno con el fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, quien ha advertido de que el crecimiento del narcotráfico en la provincia no es una simple percepción ciudadana, sino una realidad respaldada por los datos. Según ha explicado, tanto el volumen de droga intervenida como el número de detenciones han experimentado "un salto cualitativo muy preocupante" en los últimos siete años.
Flores ha señalado que el narcotráfico actual "no tiene nada que ver" con el de los años noventa o principios de los 2000. La entrada de la cocaína en las rutas tradicionales del hachís ha provocado que las organizaciones criminales adopten medidas de seguridad mucho más agresivas y sofisticadas, incluyendo el uso de armas de guerra con un enorme potencial lesivo.
El fiscal ha defendido el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las que ha definido como "el primer escalón" en la lucha contra estas redes. "El crimen siempre va por delante; de lo que se trata es de que esa delantera sea la mínima", ha afirmado. En su opinión, las organizaciones criminales parten con ventaja porque carecen de límites legales y cuentan con una gran capacidad económica.
Por ello, ha reclamado reforzar no solo los medios policiales, sino también el sistema judicial, para evitar el colapso de los juzgados y acelerar los procedimientos. Ha advertido de que algunos procesos pueden retrasarse cinco o seis años, lo que incluso puede derivar en reducciones de condena por dilaciones indebidas. "Eso genera una sensación de frustración", ha reconocido.
No obstante, Flores ha querido dejar claro que la percepción de impunidad no responde a una falta de capacidad del Estado para combatir el crimen organizado.
Preguntado por Rubén Amón sobre los protocolos de actuación policial y en particular sobre el uso de armas de fuego, el fiscal ha recordado que la legislación vigente establece que el uso de armas de fuego debe regirse por criterios de proporcionalidad y por la existencia de un riesgo grave para la vida propia, la de los agentes o la de terceros. También se ha mostrado abierto a reflexionar sobre la ley de 1986 que regula estas actuaciones, aunque ha subrayado que los propios agentes son "los primeros muy reacios" a utilizar armas de fuego.
Respecto al aumento de la presión del narcotráfico en Huelva, Flores ha explicado que se ha producido un desplazamiento de las rutas desde Cádiz, después del refuerzo policial en el Campo de Gibraltar. A ello se suma que la costa onubense, menos urbanizada y con numerosos espacios protegidos, ofrece más puntos de descarga para las organizaciones criminales. "El crimen organizado se mueve donde lo tiene más fácil", ha resumido.
El crimen organizado se mueve donde lo tiene más fácil
Por último, el fiscal ha defendido que la lucha contra el narcotráfico debe abordarse de manera global y no limitarse únicamente al Campo de Gibraltar. A su juicio, será necesario ampliar tanto las zonas de actuación como los recursos disponibles para hacer frente a un fenómeno que se ha extendido a otras provincias limítrofes.