Madrid |
La gestión de la crisis migratoria de Ceuta se mantiene bajo lupa, especialmente tras la declaración de los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, sobre la información que manejaban los servicios de inteligencia antes de la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio.
Robles defendió ayer martes en la Comisión de Defensa del Congreso que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hizo su trabajo y que sus agentes en Ceuta monitorizaron la situación y compartieron sus análisis con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Delegación del Gobierno. Según la ministra, tanto el CIFAS como el CNI informaron el 29 de julio de que existía una convocatoria para realizar una entrada irregular a nado desde Marruecos.
Marlaska, sin embargo, ha sostenido que ningún servicio de información "atisbó nada parecido" a la entrada masiva que se produjo al día siguiente. El ministro ha argumentado que no hubo informe alguno que anticipara una llegada de la magnitud registrada y ha sostenido que, si hubiera habido una advertencia de tal magnitud, esta se habría enviado a los niveles más altos para tomar medidas excepcionales.
Por su parte, la Delegación del Gobierno en Ceuta también ha negado haber recibido un aviso previo del CNI que alertara específicamente de la entrada masiva.
Ante este choque de versiones, Alberto Núñez Feijóo reclama que sea el Congreso, a través de la Comisión de Secretos Oficiales, el que permita aclarar qué ocurrió realmente.
El órgano parlamentario es el encargado, entre otras funciones, del control parlamentario del CNI y del uso de los fondos reservados. El PP considera que la información clasificada sobre los servicios de inteligencia hace que esta comisión sea el cauce adecuado para conocer qué avisos existieron y qué autoridades fueron informadas.
La petición del líder del PP llega después de que desde su partido ya se haya planteado incluso la posibilidad de un "careo" entre Robles y Marlaska para determinar cuál de las dos versiones se corresponde con la realidad.
La controversia deja así al Gobierno ante una cuestión central: si el CNI detectó señales que apuntaban a una entrada masiva de migrantes y comunicó esa información a las autoridades, como sostiene Robles, o si no existió ninguna alerta de esas características, como mantiene Marlaska.
Feijóo considera que el Ejecutivo debe despejar cuanto antes esa incógnita y reclama que los servicios de inteligencia puedan explicar ante la Comisión de Secretos Oficiales qué información tenían antes de los acontecimientos del 30 de julio y cuál fue la cadena de comunicación con las autoridades responsables de la seguridad de Ceuta.