España se sitúa en el tercer puesto con más familias en problemas de pago de vivienda

Según el estudio 'Aquí no hay quien viva: un análisis de las dificultades de las familias para pagar la vivienda en España' de Save the Children, España se situa como el tercer país de Europa con más retrasos en el pago o alquiler de la hipoteca por detrás de Grecia e Irlanda.

Precio de la vivienda: principal problema

Así ha reflejado este informe donde establece estos hogares españoles en un 6,5% frente a la media en Europa que sería un 3,2%. A su vez, añade que el 8,4% de las organizaciones familiares tienen problemas en este pago con un porcentaje que dobla a la media de la UE, 4,3%.

De esta forma, este documento señala que algunos problemas como la subida del precio de las viviendas (sobre todo del alquiler) o el estancamiento de los ingresos familiares, han propiciado dificultades en 4 cada 10 hogares de alquiler con hijos. Además, suma, tienen que enfocar un 30% de los ingresos al pago que resta dinero para la crianza como Manuela, una madre separada de 45 años que vive de alquiler con dos hijos y que, asegura, "yo debo ahora mismo tres facturas de luz y una de agua más el alquiler de este mes porque no me llega. Tengo que elegir entre pagarlas o comer".

El estudio expone las condiciones de las viviendas donde, explica, 2 de cada 10 niños viven en casas insalubres, es decir, con goteras, humedades, podredumbre, etc. Esto, según el director de la organización, Andrés Conde, influiría en en la salud física y mental, y afectando al crecimiento, desarrollo, rendimiento escolar y seguridad. Por ello, el informe indica que a pesar de medidas positivas del conocido "escudo social", la situación del mercado favorece a crear situaciones de riesgo en las familias. De este modo, se estima entre un 70% y 80% de familias con hijos (unos 700.000) afectadas por desahucios desde 2008.

Ausencia de vivienda social y ayudas

El documento también alerta del ínfimo número de vivienda social y ayudas suponiendo uno de los parques de vivienda social "más pequeños de Europa" con apenas el 2,5% del total, una cuarta parte respecto a la media europea (9,3%).

Esta situación, explica el informe, debido al bajo presupuesto destinado por una política de provisión pública de viviendas en propiedad y su posterior descalificación, provoca que esas viviendas descalificadas dejen de ser protegidas y pasen a ser parte del mercado libre. "Se necesitarían un millón y medio más de viviendas protegidas para atender las necesidades sociales" en España mientras se intenta desarrollar su construcción incluyendo a la iniciativa privada, comenta la directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, Catalina Perazzo.

El poco alcance de las ayudas también, aseguran, supone un agravante de la situación porque hay 1,6 millones de familias que tienen hijos en situación de pobreza donde 310 mil sufrieron retrasos en los pagos y, en el caso de 2020, solo 25 mil familias recibieron una prestación.

"Rostro" de una familia con dificultades

El informe, también explica el perfil de familias con dificultades para mantener la vivienda: madre sola con niños a cargo.

Con esto, establece que 158 mil hogares monoparentales que están encabezados por mujeres, en su mayoría, viven de alquiler con una carga que sobrepasa el límite ya que, de media, destinan 200 euros mensuales más el 30% que se podría establecer si se inserta el umbral como límite de pago máximo a viviendas, sin contar suministros.

Visión de Save the Children

En referencia a todos estos datos, la ONG defiende una ayuda de hasta 200 euros para dejar respirar a estas familias que supondrían un presupuesto anual de 380 millones de euros.

Además establece una serie de recomendaciones para paliar los efectos del pago de viviendas en las economías familiares como destacar el incremento de los presupuestos anuales para aumentar la financiación de políticas de viviendas y protejan el acceso a las familias vulnerables con hijos. También propone la automatización del acceso a ayudas directas para las familias que reciban el Ingreso Mínimo Vital, rentas mínimas; apostar por la compra o reutilización de unidades ya existentes para aumentar la oferta pública de vivienda social; garantizar una calificación indefinida de las viviendas públicas evitando su salida al mercado privado; promover alianzas entre el sector público y privado incorporando a grandes propietarios de vivienda en el foco del problema y con reservas de suelo para granizar un porcentaje de viviendas sociales construidas de forma privada.

Para Save the Children, son necesarias bonificaciones fiscales para la mejora en la calificación energética e IVA reducido para la puesta a punto de viviendas particulares. Para finalizar, insta por mejorar la coordinación entre el sistema judicial y servicios sociales además de hacer de carácter obligatorio el informe de vulnerabilidad cuando haya menores de edad en posible riesgo de deshaucio.