Paco Marhuenda, sobre la ley de nietos: "Es el mayor fraude electoral de la historia de España"
Madrid |
El Tribunal Supremo ha acordado suspender de manera provisional las nuevas inscripciones en el CERA derivadas de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, así como los efectos electorales de quienes ya figuran en ese censo, salvo en los casos en los que se acredite documentalmente el exilio de los ascendientes.
La medida afecta a la aplicación de una instrucción del Ministerio de Justicia y no supone, por sí misma, la anulación de las nacionalidades concedidas. En este sentido, la periodista y jurista Elisa Beni, ha señalado en Julia en la onda que "la nacionalidad me parece el mayor que te puede conceder un país", y que por este motivo, ningún país las "regala".
A su juicio, España debería plantearse si concede la nacionalidad a personas que no han vivido ni tienen previsto vivir en el país y que, sin embargo, pueden participar en la elección de sus representantes. Según Beni, el problema no es necesariamente la ley de nietos, sino en la instrucción elaborada para indicar a los consulados cómo aplicar la norma.
No es quitarle el derecho al voto
Ha recordado que la inclusión de los emigrantes económicos fue debatida en el Congreso, pero finalmente no se aprobó. Según su explicación, la ley estaba dirigida a quienes hubieran sido exiliados, a sus descendientes o a personas represaliadas. La instrucción cuestionada habría permitido presumir el exilio de quienes abandonaron España entre 1939 y 1955 sin exigirles que acreditasen de forma individual las circunstancias de su salida.
Sobre la posible alteración de la "objetividad de las elecciones", la periodista ha precisado que la decisión no supone retirar la nacionalidad y que se trata de una restricción cautelar de los efectos electorales de determinadas inscripciones. "No es quitarle el derecho al voto, además es cautelar", al tiempo que ha recordado que hay otras limitaciones relacionadas con el voto de los españoles que viven en el extranjero y que no pueden participar, por ejemplo, en las elecciones municipales.
También se han cuestionado las cifras ofrecidas por el Ejecutivo sobre cuántas personas han solicitado la nacionalidad. Se habla de 400.000 personas que ya han completado el trámite, mientras que las peticiones superan los dos millones y medio.
Por ello, Beni ha cuestionado que ese volumen se refiera solamente a los descendientes de los exiliados de la Guerra Civil y la dictadura. "Hay muchas más peticiones", ha apuntado, antes de poner en duda estas cifras. "Hay personas que son de otro tipo de migración que no tiene que ver con la Ley de Memoria Histórica”, ha concluido.