Madrid |
El Tribunal Supremo ha vuelto a cuestionar la política de nombramientos del Fiscal General del Estado, esta vez con consecuencias más serias para su antecesora, Dolores Delgado, que pierde la máxima categoría del escalafón de la carrera y corre el riesgo de tener que volver al puesto de la Audiencia Nacional que ocupaba antes de su lanzamiento a la escena política como ministra de Justicia.
En una decisión tomada este martes por mayoría, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo ha admitido parcialmente los recursos planteados contra la propuesta de nombramiento formulada por el Fiscal General y materializada en Consejo de Ministros el 13 de junio de 2023. Los jueces ordenan retrotraer las actuaciones para que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre posibles incompatibilidades.
Se trata del segundo varapalo del Supremo a Álvaro García Ortiz, a quien hace tres meses reprochó “desviación de poder” al propiciar el ascenso de su amiga íntima y antecesora Dolores Delgado a la máxima categoría del escalafón como Fiscal de Sala Togada del Alto Tribunal.
En esta ocasión, los siete vocales del Consejo Fiscal que representan a la Asociación de Fiscales (AF) y a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) basaban su petición de nulidad del nombramiento en el caso omiso de García Ortiz a su propuesta de suspender la deliberación y votación sobre el asunto. Consideraban necesario estudiar previamente una posible incompatibilidad derivada de la coincidencia entre las áreas de la especialidad del cargo y las materias que defiende su pareja Baltasar Garzón, que dirige un despacho de abogados y una Fundación de Derechos Humanos.
Según los recurrentes, el Fiscal General desoyó su propuesta para no verse obligado a retrasar un Consejo fiscal que ya se había convocado de manera extraordinaria y con prisas aparentes para llegar a tiempo antes de las pasadas elecciones generales del 23 de julio.
En aquel Consejo Fiscal, del que se retiraron los vocales de la AF para no participar en una deliberación que consideraban irregular y por tanto recurrible, García Ortiz propuso a Dolores Delgado para la plaza de Fiscal especializada de Memoria Democrática y Derechos Humanos, cargo para el que la nombró posteriormente el Consejo de Ministros. Su candidatura obtuvo únicamente el apoyo del vocal que representa a la Asociación Progresista de Fiscales (APF), colectivo al que pertenece Delgado y afín a García Ortiz, y de las dos vocales natas del órgano, que lo son en función de su cargo de confianza del Fiscal General. Pese a este respaldo minoritario, la decisión es competencia del FGE tal y como regula el Estatuto Fiscal.
Además de los recursos de AF y APIF, el Supremo también ha examinado el que planteó el fiscal jefe antidroga Luis Ibáñez, que se considera perjudicado por la designación.