La división en el bloque progresista del Constitucional por la ley trans que deja en el aire la sentencia

El Tribunal Constitucional (TC) tenía previsto sentenciar en el Pleno de esta semana la 'Ley Trans', que fue recurrida por el PP, basándose en un borrador que propone avalar lo sustancial con algunas modificaciones. Sin embargo, la división en el seno de la mayoría progresista en torno a la norma impulsada por la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, ha alcanzado tal punto que podría llegar a retirarse del orden del día para "repensar" la ponencia, según fuentes de la corte de garantías.

La ponencia actual, redactada por el magistrado progresista Juan Carlos Campo, propone estimar parcialmente la impugnación de los 'populares' contra varios artículos de la 'Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI', si bien las fuentes subrayan que se trata de "algún cuestionamiento" menor, por lo que el borrador aboga por avalar lo fundamental de la ley.

En concreto, el PP ha recurrido el artículo 19.2, que permite la modificación genital en menores de entre 12 y 16 años cuando lo pida el propio menor y "siempre que, por su edad y madurez, pueda consentir de manera informada".

Los de Alberto Núñez Feijóo han impugnado también los dos primeros apartados del artículo 43, que permite que los menores de 15 y 16 años puedan pedir el cambio de sexo en el Registro Civil, asistidos de sus representantes legales y que las personas mayores de 16 años puedan pedirlo por sí mismas.

De la misma forma, han atacado los apartados 3 y 9 del artículo 44, que para realizar dicho trámite exime de presentar informe médico o psicológico y de "la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole".

Han recurrido también el artículo 47, según el cual "transcurridos seis meses desde la inscripción en el Registro Civil de la rectificación de la mención registral relativa al sexo, las personas que hubieran promovido dicha rectificación podrán recuperar la mención registral del sexo que figuraba previamente" siguiendo el mismo procedimiento.

Las tachas del PP se han dirigido asimismo contra el apartado 3 b) del artículo 79, que señala como infracción administrativa "la realización de actos o la imposición de disposiciones o cláusulas en los negocios jurídicos que supongan, directa o indirectamente, un trato menos favorable" para las personas 'trans' "en relación con otra persona que se encuentre en situación análoga".

Y contra los apartados 4 e) y f) del mismo precepto, que definen como infracciones administrativas graves "la elaboración, utilización o difusión en centros educativos de libros de texto y materiales didácticos que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales"; y "la convocatoria de espectáculos públicos o actividades recreativas que tengan como objeto la incitación a realizar conductas tipificadas como graves o muy graves".

Diferencias en aumento

Desde Domenico Scarlatti ya auguraban que el debate sería intenso porque esta vez no había consenso en la mayoría progresista. Uno de los principales escollos es la autodeterminación de género, por su impacto en la lucha contra la discriminación de la mujer, pero también porque algunos magistrados ven con suspicacia la facilidad de los cambios registrales al considerar que puede generar inseguridad jurídica.

Las fuentes indican que las diferencias en el bloque mayoritario han ido en aumento, por lo que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, sopesa retirar este punto del orden del día para revisar la ponencia en busca del consenso necesario para que salga adelante. Las mismas fuentes señalan que será este lunes cuando se decida si finalmente se aplaza a próximos Plenos.