DANA, gran apagón, incendios…: cuando las catástrofes se convierten en un nuevo enfrentamiento político

La DANA en octubre de 2024, el apagón energético de abril de 2025 o la lucha contra los incendios de verano de 2025 son algunas de las catástrofes que han afectado a España en las últimas fechas y que han dejado patente la falta de entendimiento entre las comunidades autónomas y el Gobierno central, que se han enzarzado constantemente en una espiral de acusaciones que han empañado las labores de miles de personas anónimas por devolver el país a la situación de normalidad.

Enfrentamiento entre AEMET, Conferencia Hidrográfica del Júcar y el Gobierno de la Generalitat Valenciana por la DANA

Con asiduidad ante un mismo evento existen visiones contradictorias. Esto es lo que ocurre con la gestión de la crisis de la DANA en Valencia, donde la Generalitat culpa a la Conferencia Hidrográfica del Júcar y la Agencia Estatal de Metorología por la falta de información; y estas a su vez contratacan con la inacción y la ausencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Por eso, es conveniente recordar qué es lo que pasó con exactitud.

El 27 de octubre de 2024, dos días antes de la tragedia, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alertó de que la Comunidad Valenciana estaría especialmente afectada por una gota fría. De hecho, el servicio 112 de Emergencias de la Generalitat difundió dicho mensaje hasta en dos ocasiones a través de sus canales habituales. Lo mismo ocurrió un día antes, el 28, en el que aconsejó que se limpiasen las bajantes, no se utilizasen los coches si no era extremadamente obligatorio y se evitasen las zonas inundables.

El día 29, el día de la tragedia, se subrayó la falta de entendimiento entre organismos. A primera hora del día se activó la alerta roja por las tormentas. Horas más tarde, a las 9:30, se reunieron en la Delegación del Gobierno todos los organismos estatales: Protección Civil, la Red de Carreteras del Estado, Adif, Renfe, la UME, Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), pero sin la presencia de ningún activo de la Generalitat Valenciana.

Posteriormente, a las 11:06, la CHJ lanzó el primer aviso por el que alertaba de que el barranco del Poyo había aumentado su caudal hasta los 264 metros cúbicos por segundo y que tenía una previsión de seguir creciendo. Minutos más tarde, a las 12:20, Emergencias alertó a todos los municipios del barranco del Poyo mediante una alerta hidrológica. Más tarde, la CHJ advertiría de la bajada del nivel de caudal del barranco.

Justo al mediodía, a las 15:00, la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, convocó el Cecopi para coordinar la emergencia y cuatro minutos más tarde la CHJ vuelve a informar del descenso del caudal del barranco del Poyo hasta los 55 metros cúbicos por segundo. Algo más de una hora después descendería hasta los 28,7, el último informe hasta las 18:43. Justo a esa hora ya se había desbordado el barranco y se pusieron los ojos sobre la presa de Forata que estoicamente soportó la presión y evitó una tragedia mayor.

Con pueblos como Aldaia, Alfafar, Algemesí, Alginet, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Massanassa, Paiporta y Utiel luchando contra las embestidas del agua, a las 20:11 horas, desde el Cecopi y aún con la ausencia de Mazón, quien se encontraba de comida en El Ventorro, se mandó la alerta por el sistema de Es-Alert. Sería a las 20:28 horas cuando llegaría el presidente de la Generalitat a la coordinación de Emergencias.

Tras toda esta serie de acontecimientos, lo cierto es que 227 personas perdieron la vida y miles aún no han recuperado sus hogares. Además, se ha nombrado al teniente general Gan Pampols como encargado de dirigir las tareas de reconstrucción de la zona. Sin embargo, el caos político ha sido la constante comparsa que ha marcado el devenir de los días.

Desde la Generalitat señalan con especial virulencia a la CHJ, dependiente del Gobierno central, por no haber alertado de la situación en el barranco del Poyo y de no tener los cauces limpios, mientras que la izquierda ha contestado evidenciando que Mazón no estaba siquiera en el Cecopi, que la alerta se envió tarde y que las personas que estaban al mando de la emergencia no contaban con la preparación adecuada.

Por supuesto, se ha abierto una investigación que sigue en curso y que cuenta con dos imputados, la propia Salomé Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso, por su "inactividad" pese a su posición de garantes de la seguridad de la población.

Por otra parte, además de tratar de encontrar a las personas que desaparecieron y tratar de rescatar a las que quedaron atrapadas en sus casas, los bomberos, tropas y distintos cuerpos de policía se desplazaron en la zona para ayudar. Pero lo cierto es que no tenían los medios suficientes para hacer frente a tal demanda. Es por ello que también se inició una guerra entre la Administración valenciana y la central, sobre si era necesario o no elevar el nivel de emergencia a tres, para que el Estado tomase el mando de la situación.

La Generalitat no lo hizo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejó una frase para la historia: "Si necesita más recursos, que los pida" y tuvo que ser una legión de voluntarios la que acelerase los trabajos de retirada del barro de las calles de los municipios afectados. Meses después, la vida no se ha recuperado por completo en todos estos pueblos, ni tampoco se han sentenciado responsabilidades de manera oficial. Políticamente, la tragedia se ha saldado con el cese de la consejera de Interior, Salomé Pradas, y a la titular de Industria, Nuria Montes.

El gran apagón: ¿Red Eléctrica o los operadores privados?

Otro de los grandes acontecimientos que los españoles hemos vivido es el del gran apagón del 28 de abril del 2025, cuando a las 12:33 horas y según explicó el presidente Sánchez se registró un cero energético, una pérdida súbita de 15 gigavatios de generación de energía que dejaron a España, Portugal y puntos del sur de Francia sin luz durante un tiempo mínimo de casi 10 horas.

La primera conferencia de prensa del líder del Ejecutivo se produjo cinco horas y media después y en ella apenas se conocieron datos sobre lo que había ocurrido, algo que no ayudó a despejar las sospechas sobre un posible ciberataque. El presidente dio dos ruedas de prensa más -ambas sin preguntas- en ellas atacó a los operadores privados y a la energía nuclear, así como anunció una investigación que tendría que contar con informes de Red Eléctrica Española, los operadores privados e instituciones europeas. Esta investigación estaría liderada por el Ministerio de Transición Ecológica a través de una comisión de investigación.

Esta misma, hasta el momento, ha podido concluir que varias plantas de generación eléctrica se desconectaron -en Granada, Badajoz y Sevilla especialmente-, había un exceso de dependencia de las energías renovables, las protecciones automáticas estaban desajustadas y que España tiene un problema por su situación geográfica, que hace que cuando ocurren estos hechos impide que se compense el déficit energético, puesto que nuestra fuente es Francia.

Pese a que mucha gente decidió romantizar este hecho, porque redescubrió que podía hacer vida en comunidad sin el uso de los dispositivos móviles, lo cierto es que al menos cinco personas perdieron la vida a causa de este corte del suministro eléctrico. La oposición no tardó en lanzarse al cuello, y acusó tanto a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, por no asumir sus responsabilidades y por no tener la formación necesaria; así como al Gobierno por la ausencia de explicaciones y el silencio informativo.

Los incendios y el lío de competencias

La ola de incendios que asolan la península ha sido la excusa para vivir el último enfrentamiento político entre oposición y Gobierno. En lo que va de año se han quemado en España un total de 391.581 hectáreas en 230 incendios, según ha informado el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.

Los más graves se han registrado en Galicia, Extremadura y Castilla y León, comunidades gobernadas por el Partido Popular, las cuales han solicitado más medios al Gobierno, al margen del despliegue de la Unidad Militar de Emergencias, que ya se ha producido. Sin embargo, el Ejecutivo ha negado dichos efectivos y ha afirmado que están todos puestos a disposición de las autonomías. De hecho, se ha tenido que recurrir al Mecanismo Europeo de Protección Civil para que otros países envíen refuerzos a las zonas que más lo necesitan.

Esta circunstancia no ha hecho más que recrudecer el enfrentamiento entre oposición y Gobierno. Por una parte, unos argumentan que todos los medios están desplegados e incluso han acusado a los presidentes de estas comunidades de no hacerse cargo de la situación por estar de vacaciones, mientras que otros piden que se despliegue al Ejército, sin tener que decretar el nivel 3 de emergencia.

De nuevo, ambos han reavivado el fantasma del problema de competencias en la población, que se repite de manera constante que, si todas o casi todas las competencias están cedidas a las comunidades, para qué necesita un Gobierno central con 22 ministerios y 1.747 asesores y altos cargos, ambas cifras récord en la historia de España.

¿Qué es el nivel 3 de emergencia y por qué sale tanto a relucir?

Protección Civil clasifica la gravedad y peligro de las catástrofes naturales en cuatro niveles de emergencia, de 0 a 3. El primero está considerado más como una alarma o conato de emergencia, mientras que en el 1 se entiende que se puede acometer su extinción con los recursos locales, puesto que se trata de una emergencia parcial. El nivel 2 corresponde a las emergencias generales que requieren de la utilización de recursos adicionales, ya sean de la misma comunidad o de otras, puesto que conlleva un riesgo para las personas o el medio en el que viven.

Por último, se decreta el nivel 3 cuando la emergencia es nacional y se requieren los servicios estatales, pero esto conlleva ceder el mando al Gobierno central en detrimento de la comunidad autónoma. Ni en la Dana, ni en los incendios se ha decretado el nivel 3 de emergencia, que le corresponde al Gobierno.