La cúpula fiscal llega dividida a la cita crucial para fijar postura sobre si el expresident catalán Carles Puigdemont y el resto de líderes independentistas implicados en el procés deben ser amnistiados de todos sus delitos y las órdenes de detención nacionales retiradas.
Los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del procés abogan por dejar fuera de la ley de amnistía el delito de malversación. Según su interpretación, la ley excluye los actos que "implican un enriquecimiento personal o un beneficio patrimonial".
Además, ese enriquecimiento afectó a los intereses financieros de la Unión Europea, uno de los puntos que la norma excluye del perdón, por lo que entienden que tampoco se pueden eliminar las órdenes de detención nacional.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, discrepa frontalmente con esta postura. Niega que los intereses económicos comunitarios se viesen afectados y rechaza que hubiese "ánimo de enriquecimiento" personal en ese empleo de dinero público para el referéndum del 1-O.
Así, el máximo responsable del Ministerio Público pide que el criterio de la Fiscalía sea el de apoyar la medida de gracia para los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por malversación: el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
También, para los otros tres dirigentes que no llegaron a ser juzgados porque huyeron del país: Carles Puigdemont y los también exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y desobediencia.
La Junta de Fiscales de Sala es el máximo órgano consultivo del fiscal general. Está compuesta por 36 fiscales de sala, además del propio García Ortiz y su número 2, la teniente fiscal del Supremo María Ángeles Sánchez Conde.
Este órgano se reúne hoy a partir de las nueve y media de la mañana en un clima tenso y enrarecido, aunque el resultado de la votación no es vinculante para el fiscal general. Hoy Álvaro García Ortiz podrá ver cómo se reafirma su tesis de amnistía amplia o sufrir un nuevo revés que profundice aún más en su descrédito al frente del Ministerio Público.
Si tras la junta se mantiene el criterio del fiscal general, los cuatro fiscales se apartarán de la causa. En última instancia, será el Tribunal Supremo el que deberá decidir, teniendo en cuenta la postura de la Fiscalía, si aplicar o no la amnistía a los condenados y procesados por malversación en el procés.